Villafranco y Guadiana del Caudillo perderían más de 100.000 euros al año

Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, los dos municipios de la provincia de Badajoz que aún conservan nombres franquistas, perderían más de 100.000 euros anuales en ayudas de la Diputación a partir del próximo año. Esto será así si su presidente, Miguel Ángel Gallardo, hace efectiva su decisión de excluir a los dos municipios de las convocatorias de subvenciones por vulnerar la Ley de la Memoria Histórica, amparándose en su artículo 15, que explícitamente faculta a las administraciones públicas para llevar a cabo esta medida. La Diputación sería, además, la primera institución española en acogerse a este precepto pese a que le ley está vigente desde hace nueve años.

La ayuda de mayor cuantía que reciben los municipios anualmente por parte de la Diputación es la del Plan Dinamiza, una línea de subvenciones directas para obras, adquisición de equipamiento, creación o mantenimiento de empleo y para el pago de gastos corrientes de los ayuntamientos.

En este año, a través de las dos convocatorias de dicho Plan, Villafranco del Guadiana ha recibido 106.420 euros, que como reconoció su propio alcalde pedáneo, Juan Sánchez, es el único dinero que ha entrado en su Ayuntamiento en lo que va de año, a la espera de que el de Badajoz le asigne presupuesto, con cargo al remanente. «La subvención de Diputación es un dinero muy curioso para hacer obras y comprar equipamientos para el pueblo», dice.

El impacto de la supresión de esta subvención en el caso de Guadiana del Caudillo es menor, ya que al ser municipio tiene su propio presupuesto. No obstante, este año y por el mismo plan, ha recibido 148.962 euros y la mitad lo han empleado en crear o mantener puestos de trabajo. «No llega al diez por ciento de nuestro presupuesto pero sería una merma importante», reconoce su alcalde, Antonio Pozo.

El anuncio del presidente de la Diputación ha despertado un aluvión de críticas. Si el lunes el PP cargó las tintas contra Gallardo, ayer fue el turno de los vecinos y de los grupos políticos de Ciudadanos y Podemos en Badajoz.

La Plataforma vecinal en defensa de Villafranco del Guadiana, que recientemente presentó en el Ayuntamiento de Badajoz 800 firmas para respaldar el mantenimiento de su topónimo, han pedido a Gallardo «que retire sus declaraciones, dé marcha atrás y trate a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones independientemente del municipio en el que vivan», manifiesta su portavoz, Juan Daniel Sánchez. Los vecinos defienden que sea un juez el que decida si Villafranco y Guadiana del Caudillo incumplen la Ley de la Memoria Histórica y, en función de la sentencia, la Diputación actúe. Este argumento va en línea con su defensa de que sus respectivos topónimos no se saltan la ley.

Aluvión de críticas

Los partidos políticos de Badajoz, por su parte, salvo el PSOE, también rechazan la medida por entender que los perjudicados serían los vecinos. El portavoz de C's, Luis García Borruel, se mostró contrario a que sean los ciudadanos de Villafranco quienes «paguen el pato» de que el alcalde de Badajoz «haya permitido estas situaciones». Desde su punto de vista, «el presidente de la Diputación tiene otros medios distintos para que se cambien los nombres, pero en ningún caso castigar al pueblo». Para el portavoz de Podemos, Remigio Cordero, esta situación se debe a una política de la Diputación que busca «aparentar ser diferente al PP», cuando en su opinión, «son indistinguibles».

El PSOE de Badajoz sí respalda el anuncio de Gallardo porque defiende el cumplimiento de la Ley. Su portavoz, Ricardo Cabezas, dice que espera que «el ultimátum no llegue a materializarse antes de que los vecinos de Villafranco puedan elegir el nombre de su pueblo». Los socialistas de Guadiana del Caudillo, por su parte, se abstuvieron ayer en el pleno extraordinario convocado para dejar constancia del rechazo a la medida y dar plenos poderes a su alcalde para tomar medidas al respecto. La primera podría llegar por la vía penal. Antonio Pozo adelantó ayer que «los abogados están estudiando demandar al presidente de la Diputación por amenazas y coacciones».

Pese a los duros ataques, la Diputación ha decidido guardar silencio. En su entorno más próximo, tienen claro, no obstante, que Gallardo no dará marcha atrás.