R. R.
Viernes, 4 de noviembre 2016, 07:40
La Diputación aprobará hoy sus presupuestos, que suben un nueve por ciento y llegan a los 181 millones. La nota política de esta previsión de gastos e ingresos está en la inclusión de una cláusula por la cual los municipios que incumplan la Ley de la Memoria Histórica no pueden percibir subvenciones directas. Hace unas semanas, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, apuntó a las localidades que incumplieran la Ley en su nombre. Esto es, Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana. Por su parte, el alcalde de Guadiana, Antonio Pozo (también diputado) había demandado a Gallardo por coacciones y amenazas a su pueblo por negarle las subvenciones el próximo año.
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A última hora de la tarde de ayer, el PSOE de Guadiana envió un comunicado en el que afirmaba que recibirán subvenciones en 2017. Según el comunicado remitido por el PSOE provincial, la Diputación pondrá en marcha el próximo año un proceso de catalogación de «todos los vestigios y símbolos de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura franquistas presentes en la provincia de Badajoz en cumplimiento con la norma». Añade que «todos los ayuntamientos que cumplan con esta medida, en el plazo de un año, podrán acceder a las subvenciones públicas de la institución provincial. En el caso de incumplimiento, los ayuntamientos deberán devolverlas».
Así, la postura de la Diputación gira y coincide con la reciente sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Badajoz en el procedimiento abierto por el abogado Eduardo Arranz.
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