La acusación particular pide ahora 23 años para el presunto autor del crimen de Talavera

El testimonio de los forenses que hicieron la autopsia de Antonio Paniagua supuso un giro ayer en el juicio por el crimen que tuvo lugar en Talavera la Real en diciembre de 2014. La acusación particular, que representa a la familia del fallecido, decidió elevar su petición de pena para el único acusado, José G. A., de homicidio a asesinato.

Según explicó Alfredo Pereira, abogado de la acusación particular, el cambio se produjo al considerar que la víctima sufrió innecesariamente. Los expertos testificaron que murió ahogado en su sangre al dejarle tendido boca abajo con la nariz aplastada y las manos atadas a la espalda tras recibir, al menos, cuatro golpes en la cabeza con una maceta rellena de cemento.

El suceso tuvo lugar el 18 de diciembre de 2014. Antonio Paniagua, de 65 años, apareció muerto en su casa de Talavera la Real. Había sufrido un robo y estaba maniatado. Poco después fue detenido un familiar lejano, José G. A., que ahora tiene 47 años. La Fiscalía defiende que acudió al domicilio para exigir dinero y así pagar una deuda por droga y acabó matando al propietario.

La clave de este juicio, que comenzó la semana pasada, ha sido el ADN. El acusado aseguró no haber estado en la escena, pero la Guardia Civil halló una muestra de su ADN mezclado con el de la víctima en la casa y la misma mezcla en su bicicleta. La defensa, encabezada por el letrado José Duarte, asegura que la cadena de custodia de esta prueba no se ha acreditado correctamente.

«La muerte no tiene hora»

La hora de la muerte también ha enfrentado al Ministerio Fiscal y la defensa. José G. A. asegura que no pudo matar a Antonio Paniagua porque estaba en un fumadero de Los Colorines, dato que atestiguó un conocido suyo. La clave está en la hora exacta del fallecimiento, pero ayer los forenses dejaron claro que es imposible concretarla.

«A la muerte no se le puede poner hora salvo que se haya visto morir a la persona. CSI ha hecho mucho daño a la Medicina Legal», indicó ayer el responsable de la autopsia, que añadió que solo pueden aportar una estimación. Esta indica que murió, con muchas probabilidades, entre la una, que fue el último momento en el que se le vio con vida en una bocatería, y las cuatro de la mañana. También es posible que fuese entre la una y las siete de la mañana. No se descarta.

La defensa atacó el testimonio de los forenses poniendo de manifiesto que, en los primeros informes, se habló de las dos de la mañana para luego ampliar el arco del horario.

Por último la jornada de ayer giró sobre la forma en la que murió la víctima, un dato importante porque determina el grado de alevosía del crimen. Si es de primer grado, es decir, que el fallecido no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, es asesinato. Si queda alguna probabilidad de defensa, es segundo grado u homicidio por abuso de superioridad.

En este caso la duda era determinar si Antonio Paniagua recibió los golpes en la cabeza antes o después de estar maniatado con un cinturón. Después supondría que estaba indefenso. En este punto los forenses indicaron que las pruebas muestran que tenía las manos sueltas al recibir los impactos, ya que se hizo daño en varios dedos al protegerse la cabeza y tenía sangre en las manos de tocarse las heridas.

Lo más plausible, según los expertos, es que fuese golpeado en la cabeza al menos cuatro veces, cayese al suelo de bruces aplastándose la nariz, fuese atado y se ahogase al permanecer en esa postura. En este punto el letrado de la defensa insistió en que el nivel de alcohol de la víctima, muy alto, también pudo ser un factor que contribuyó a la muerte y los forenses lo aceptaron.

Tras el testimonio de los profesionales del Instituto de Medicina Legal, las partes anunciaron la calificación que piden. Sin embargo el juicio no terminará hasta el próximo miércoles, ya que ayer no hubo tiempo para las conclusiones. Entonces quedará visto para sentencia.

Tras la conclusión forense sobre las manos atadas tras los golpes, la Fiscalía mantuvo la calificación de homicidio con abuso de superioridad y robo con una petición de pena de 19 años. Eso sí, el fiscal dejó claro en el proceso que, con el nuevo Código Penal, sería asesinato, ya que se cataloga de esta forma a los homicidios que tienen lugar para encubrir otro delito, en este caso, el robo. «Siete meses después hubiese sido asesinato», dijo. La acusación particular pidió 23 años por asesinato y robo.

Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución por no acreditarse la participación del acusado. En todo caso, indicó Duarte, si no se atiende esta petición, matizó que sería un encubrimiento mientras el crimen fue cometido por otro. Además, indicó, dada la alteración mental y la dependencia de las drogas de su cliente, pidió que, si es condenado, se rebajen los grados y sea internado para ser tratado. De hecho, durante el juicio este letrado ha defendido que José G. A. es inimputable, pero afirma que el informe de los médicos forenses al respecto es «desidioso».