La abogada de Badajoz que engañaba a sus clientes estafó 60.000 euros a un empresario

Esta causa, una de las muchas que arrastra esta abogada, llegó este martes a la Audiencia de Badajoz después de que la Fiscalía solicitase que fuese condenada a siete años de prisión por deslealtad profesional en concurso con un delito de estafa continuado.

El escrito de acusación explicaba que fue en octubre de 2013 cuando este empresario contrató los servicios de Susana T.C. para que lo defendiera de una querella que estaba siendo instruida en Bilbao.

En ese procedimiento la abogada lo acompañó cuando declaró como investigado el 10 de abril de 2014, pero a partir de ese momento el empresario no recibió comunicación alguna sobre ese caso hasta que en septiembre de 2018 el propio juzgado de Bilbao le notificó que había abierto juicio oral contra él. En ese momento el empresario contactó con la letrada, quien le dijo que había establecido negociaciones con la otra parte hasta alcanzar un acuerdo mediante el cual los querellantes renunciarían al procedimiento si les abonaba 60.000 euros.

El empresario aceptó el acuerdo y le entregó esa cantidad a la letrada entre el 30 de octubre y el 12 de noviembre. Pero la abogada no le dio a ese dinero el fin acordado, por lo que siguió adelante el procedimiento hasta el día del juicio, en el que el empresario, contando ya con los servicios de otro abogado, tuvo que abonar otros 45.000 euros para conseguir un acuerdo extrajudicial con el que, esta vez sí, los querellantes desistieron de seguir adelante con el procedimiento.

Por esos hechos la Fiscalía proponía que la abogada fuese condenado a 7 años de prisión y que indemnizara al empresario con los 60.000 euros que pagó en un primer momento y los 45.000 que abonó después.

Sin embargo, la condena definitiva queda fijada en 2 años y 9 meses de prisión tras alcanzarse una conformidad previa al juicio que rebaja la calificación a un delito de falsedad en documento privado en concurso medial con un delito de estafa. Para la falsedad se imponen 9 meses de cárcel con inhabilitación para ejercer de abogada durante el tiempo de la condena, mientras que la estafa se castiga con 2 años de cárcel, multa de 6 meses a razón de dos euros diarios y la inhabilitación como abogada durante la condena.

En esta sentencia de conformidad estuvieron de acuerdo el Ministerio Fiscal, María Teresa Cabezas como abogada de la defensa y Nagore Rollán como acusación particular.

El fallo también la obliga a devolver los 60.000 euros que se quedó la abogada, pero queda pendiente de sentencia si de esa cantidad debe responder también la póliza con la que contaba el Colegio Oficial de Abogados de Madrid, al que perteneció esta letrada hasta ser inhabilitada por una sentencia anterior.

La abogada de la aseguradora Caser defiende que en la cláusula primera de la póliza se indica claramente que ese seguro no cubre los hechos dolosos cometidos por los abogados en su ejercicio profesional, tesis que comparte la Fiscalía. Sin embargo, Nagore Rollán pide que Caser haga frente a la indemnización por entender que debe seguirse un criterio similar al que se aplica cuando un conductor bebido provoca un accidente. «Otra cosa es que la aseguradora le reclame después el dinero al conductor, pero la póliza debe responder».