Los abogados de las familias de dos de los ahogados en el Guadiana aseguran que Trabajo ha detectado infracciones

Las condiciones climatológicas eran malas para la navegación, ya que la corriente era muy fuerte, y además hubo infracciones de seguridad: los trabajadores no habían recibido formación para nadar en el río, no existía un procedimiento específico en caso de caída de la barca y su ropa no era la adecuada porque los vadeadores se llenaron de agua cuando se cayeron al Guadiana hundiéndolos en el río. Según los abogados de dos de los trabajadores ahogados en enero mientras recogían camalote, esas son las conclusiones provisionales de la Inspección de Trabajo.

El informe aún no es público, pero José Antonio Pajuelo, Juan Manuel Yerga y Concha Gómez, abogados de dos de los fallecidos, aseguran que han tenido acceso a él y que las conclusiones provisionales señalan grave deficiencias en seguridad laboral. Ahora la empresa responsable puede presentar alegaciones antes de que pasen a ser definitivas. Una vez en firme, el informe de Trabajo será determinante para que la Fiscalía decida si sigue adelante con la vía penal.

En concreto, según los abogados de las familias de Emilio Bastida (61 años) y José Luis Martín (31 años), Trabajo destaca cuatro puntos en su informe. El primero que las condiciones climatológicas no eran las adecuadas para la navegación. Yerga, de hecho, ha destacado que tardaron tres días en poder rescatar la balsa del salto de agua de La Pesquera debido a la fuerza de la corriente.

El segundo punto importante es que la inspección señala que la formación en nado de los empleados era insuficiente. El tercero que no existía un procedimiento en caso de caída y el cuarto que la calidad y las normas de uso del equipo y la ropa no eran adecuadas. Los vadeadores son la clave. Los petos de plásticos que usan los empleados para andar por las orillas se llenan de agua en caso de caída al agua.

Jose Manuel Yerga asegura que la familia «quiere llegar hasta el final» para que se depuren responsabilidades. El letrado que lleva la vía penal cree que llegará a juicio y establece que puede ser un delito contra la seguridad de los trabajadores, lo que supone una pena de seis meses a tres años de prisión. «Entendemos que hay responsabilidad penal», dice Yerga.

Por su parte, Concha Gómez, la abogada que lleva el proceso laboral, resalta que el informe de Trabajo exonera a los trabajadores fallecidos de toda responsabilidad. Gómez destaca que las infracciones detectadas son graves y que las familias esperan «que esto sirva para que no vuelva a pasar». De hecho, esta letrada asegura que la muerte de los empleados ya supuso un cambio. «Desde entonces se ordenó que los trabajadores dejasen de usar vadeadores dentro de las barcas, lo que demuestra que antes no había instrucciones al respecto».

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