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Siete meses después de que la huelga de letrados de Justicia suspendiese el juicio contra Antonio García-Borruel y los otros siete procesados por calumniar y difamar a Francisco Javier Fragoso ... y a una larga lista de funcionarios municipales, el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ha vuelto a suspender una vista que acumula ya cuatro aplazamientos.
El primer señalamiento estaba previsto para septiembre del año pasado, pero incompatibilidades en la agenda de algunos letrados aconsejó aplazarlo hasta enero de este año. Sin embargo, no pudo celebrarse en esa fecha porque Antonio García-Borruel y Pedro Luengo, dos de los procesados, no llegaron a tiempo al juzgado.
De nuevo fue señalado para el 6 de febrero, pero ese día estaban en huelga los letrados judiciales y de nuevo se aplazó para ser señalado de nuevo este 16 de septiembre. Aunque tampoco en esta ocasión ha podido celebrarse porque José Antonio Hinchado Alba, uno de los ocho encausados, renunció a su abogada de oficio.
La renuncia fue mutua porque la propia letrada también anunció al tribunal que rehusaba la defensa a causa de unas discrepancias que, según indicó Hinchado, surgieron cuando él le indicó a su letrada que iba a recusar a Francisco José Flores, el magistrado que va a juzgar este caso.
Esgrime el procesado que este magistrado no puede ver esta causa porque tiene una «amistad manifiesta» con Diego Yebra, el fiscal que investigó los hechos que ahora se juzgan. Una relación que, según explicó Hinchado, se hizo patente cuando el propio magistrado renunció a ver una causa distinta en la que se investigaba la denuncia presentada por ese fiscal contra Antonio García-Borruel por unos comentarios supuestamente realizados por García-Borruel en las redes sociales.
La recusación del fiscal fue presentada este mismo lunes por el propio Hinchado, pero el magistrado no la admitió a trámite porque no llevaba la firma de su abogada ni tampoco de la procuradora que lo ha venido representando hasta ahora. Tampoco la admitió porque el plazo para recusar a un juez es de 10 días y la ha presentado meses después de saber que él sería el magistrado.
La recusación no fue por tanto admitida, pero el magistrado que preside el Penal 2 de Badajoz ya adelanta que no se apartará del caso porque la amistad que tiene con el fiscal no va más allá del ámbito profesional y, además, ese fiscal no es el que representará al Ministerio Público en el juicio al que se someterán Hinchado y los otros siete procesados.
No influyó por tanto la solicitud de revocación en la suspensión del juicio, pero sí la renuncia a su abogada por parte de Hinchado, que por segunda vez se queda sin letrado después de que el abogado que lo representó hasta enero pasado renunciase a hacerlo.
«No me creo que la causa de recusación la haya sabido hoy a las 8.30 de la mañana», le dijo el magistrado a Hinchado antes de lamentar que su desencuentro con la abogada haya dejado sin efecto las más de cien citaciones realizadas por el juzgado para organizar un juicio en el que hay multitud de perjudicados y más de 65 testigos.
«No se permitirán tácticas dilatorias para suspender el juicio», insistió el magistrado mientras advertía a Hinchado que tiene cinco días para designar un nuevo letrado y que no se le admitirá en el futuro una nueva renuncia.
Todo estos sucedió minutos después de que los abogados de los ocho procesados se reunieran con el fiscal y con los abogados de las tres acusaciones particulares (Ayuntamiento de Badajoz, Tubasa y Francisco Javier Fragoso) para estudiar una posible conformidad que fue rechazada
Algunos de los acusados están interesados en llegar a un acuerdo que rebaje las penas solicitadas y que compense a los perjudicados. A cambio, asumirían la culpabilidad de algunos de los hechos sin necesidad de juicio.
Pero una de las acusaciones explicó que no está garantizado el correcto pago de las indemnizaciones, por lo que rechaza el acuerdo. A ello se une que algunos de los acusados no están dispuestos a asumir las indemnizaciones que se reclaman.
Esa falta de entendimiento obligará a celebrar el juicio, en el que se sentarán en el banquillo los ocho procesados como supuestos integrantes de una organización para los que se piden hasta 13 años de prisión por publicar informaciones no veraces e infundadas en la página de Facebook 'Club de debates urbanos' para desestabilizar el gobierno de Francisco Javier Fragoso y colocar en la alcaldía de Badajoz a otros políticos que pudieran devolverles el favor.
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