El Ayuntamiento de Badajoz no tendrá que pagar 586.692 euros que Tubasa le reclamaba

La concesionaria del transporte público presenta cada año una liquidación por el coste del servicio. El desfase entre esa cifra y los ingresos realizados por los usuarios lo paga la ciudad. Del año 2019 reclama el pago de 309.676 euros, más el 10% de IVA e intereses, y de 2020 pedía 233.789 más el 10% de IVA e intereses de demora.

El Ayuntamiento ha ido haciendo frente a las cantidades hasta 2018 incluido, pero la Intervención Municipal reclamó que una auditoría analizara las cifras de 2019 y 2020 al detectar un «significativo incremento del déficit» y considera que esto supone un «evidente riesgo económico financiero y presupuestario» a la ciudad. Si en 2018 se le pagaron 4,4 millones de euros, en 2020 reclamó 6,4 millones de euros.

La auditoría detectó algunas cantidades excesivas en la liquidaciones de 2019 y 2020 y, apoyado en esa auditoría e informes municipales, el Ayuntamiento rebajó la cantidad a pagarle.

Disconforme, la empresa presentó un recurso Contencioso-Administrativo que ha sido desestimado en una sentencia con fecha 12 de diciembre. Contra esta, cabía recurso de apelación.

La discrepancia entre el Ayuntamiento y la concesionaria de los autobuses concierne a dos partidas concretas computadas por la empresa en el capítulo de gastos derivados del kilometraje y limpieza, cuyos servicios han prestado las compañías Trambsa y Sie 2000. Estas dos pertenecen al Grupo Ruiz, el mismo conglomerado que Tubasa.

La concesionaria de autobuses firmó con Tramsbra el mantenimiento de vehículos de la ampliación de garantía de 15 vehículos eléctricos. Esta emitió facturas por 169.062 euros en 2019, pero el Ayuntamiento solo reconoce un importe de 71.843 euros. En 2020 Tubasa contempla 289.882 euros, pero el Ayuntamiento le reconoce 114.948 euros.

Respecto a los trabajos facturados por SIE 2000, Intervención puso dos reparos. El primero, la duplicidad de funciones entre los cometidos de SIE 2000 y los de Tubasa. El segundo, que en 2020 Tubasa podría haber obtenido un ahorro de 51.965 euros en el caso de mantener el contrato que tenía con Ecolimpiezas hasta final de ese año. En lugar de seguir con él, contrató con una empresa de su grupo, SIE 2000, aunque esta le facturaba la hora al doble, según el informe del ingeniero jefe del Ayuntamiento. Además de que las dos empresas, SIE 2000 y Ecolimpiezas coincidieron durante 15 días en sus funciones. Todo ello llevó al Ayuntamiento a considerar que existía un «claro sobrecoste» del servicio. El Consistorio consideró que no le había presentado todos los documentos para justificarlo.

La empresa, por su parte, defiende que contrató a Ecolimpiezas porque el Ayuntamiento se lo ordenó. Pero la defensa municipal lo niega y aporta un documento en el que se le trasladaba la recomendación del gobierno para luchar contra la covid, como la desinfección de los interiores y el uso de hidrogel.

El juez falla que este es un coste innecesario y cuya compensación no procede. Señala también que «la cantidad nos parece tan excesiva (51.925 euros, prácticamente un 10% de lo que se pide en todo el procedimiento judicial) como ilustrativa de su innecesariedad y carácter injustificado».

Durante el procedimiento, la empresa reivindica su capacidad para contratar a terceros, también de su mismo conglomerado empresarial, que esos contratos sean privados y que computen en el déficit. El Ayuntamiento no se opone a esto, pero sí incide en que «solo se han minorado o excluido aquellas partidas que no están fehacientemente documentadas y contrastadas o no procedían».

El juez considera que la auditoría no cuestiona la capacidad de la concesionaria para contratar con otras empresas de su grupo sino que está dirigida a verificar el buen cumplimiento financiero del contrato después de que la Intervención detectara un incremento del déficit de esos dos años con un «evidente riesgo económico, financiero y presupuestario».

Además, el juez estima que Tubasa presenta una reclamación basada en una «mera valoración documental, sin prueba pericial al respecto, al contrario que la sustentada por el Ayuntamiento en el informe de auditoría y el informe posterior de la interventora».

El juez del Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad dice en la sentencia «convenir plenamente con las manifestaciones dadas por el Ayuntamiento».