Badajoz descarta la nueva rebaja del bus y su precio subirá el domingo

Esa medida tenía fecha de caducidad el 1 de enero y, aunque el Gobierno ha presentado otra posibilidad, el Ayuntamiento descarta seguir con los descuentos.

El motivo lo explica el concejal del área, Francisco Javier Pizarro, quien dice que continuar con los descuentos es inasumible para las arcas municipales. Hasta el momento, el descuento del 30% lo ha afrontado el Ayuntamiento con sus fondos sin que haya llegado la subvención prometida.

A partir de enero, el Gobierno propone una reducción de los billetes en un 50%, del que los ayuntamientos tendrían que aportar el 20% y el Gobierno el 30% durante otros seis meses. Pero como no saben cuándo recibirán ese dinero, «a Badajoz le supone aguantar a pleno pulmón 750.000 euros y no podemos. Si el Gobierno aportara los 450.000 euros directamente, el Ayuntamiento añadiría 300.000 euros. Pero a estas altura no hemos recibido la subvención correspondiente al 30%» aplicado a los usuarios desde septiembre hasta finales de este mes.

Pizarro señaló que estas medidas pueden llevar a aumentar el déficit del transporte público. Badajoz, como ciudad mayor de 50.000 habitantes, está obligada a prestar el servicio de transporte colectivo por ley. Sin embargo, todos los años es deficitario. El gobierno compensa la obligación con una subvención anual que fue de medio millón de euros en 2020. Pero la ciudad tiene que aumentar esa aportación todos los años para compensar el déficit de la empresa.

La previsión es que esa diferencia entre lo que cuesta el servicio y lo que pagan los usuarios para este 2022 alcance los 7,7 millones de euros. Ese dinero saldrá de las arcas municipales. El Ayuntamiento ha contratado en los últimos años auditorías para supervisar que los datos son los correctos de forma externa.

«Esto es una trampa. Obliga al Ayuntamiento a poner el dinero y esperar a que nos lo paguen». Además, lamenta que hayan realizado la propuesta el 27 de diciembre para que entre en vigor cuatro días después. «Hay que hacer estudios y estos son días de vacaciones, no da tiempo».

Pizarro asegura que esta medida supondrá un perjuicio económico a los ayuntamientos. «Porque el Gobierno pagará esto con financiación europea, pero el Ayuntamiento tiene que adelantarlo con fondos propios», lamenta.

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