Las concesionarias que prestan los servicios de agua, autobús y limpieza en Badajoz han visto esta mañana reconocidas distintas cuentas pendientes del Ayuntamiento en el pleno que se ha celebrado este lunes. Por un lado, los concejales han autorizado pagos para paliar los déficits de los últimos años a aquellos que también cobran a los ciudadanos por sus servicios, como son las de transporte (Tubasa) y redes de saneamiento y abastecimiento (Aqualia). Por otro, amplía el contrato de la que exclusivamente cobra del Ayuntamiento.
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Esta última es FCC, a la que hoy se le ha aprobado una prórroga del contrato hasta 2030. La compañía comenzó a limpiar las calles y recoger las basuras el 1 de octubre de 2010 por un periodo de doce años con una posible ampliación por otros ocho. En principio, el contrato terminaría el 1 de octubre del próximo año, pero esta mañana se ha aprobado de manera adelantada la prórroga hasta 2030. Tanto el alcalde, Ignacio Gragera, como el edil de Limpieza, Alejandro Vélez, han defendido que se adelanta la prórroga para que puedan encargar la maquinaría y vehículos con la que renovarán los medios materiales. Según los dos, el tiempo que se necesita para su contratación y recepción agotará el año. Así, el 1 de octubre de 2022 estarán en disposición de comenzar a trabajar con esa nueva maquinaria.
Los concejales de PSOE y Podemos han votado en contra de esta prórroga. El concejal socialista Martín Serván ha argumentado que se necesita un estudio más amplio y tener una comparativa del coste en otras ciudades. Según sus cálculos, el coste para la ciudad es de 14 millones de euros anuales, lo que supone un 10% del presupuesto municipal. Además, ha hecho hincapié en que los informes que «no ponen inconvenientes» a la prórroga no recogen la contrapartida de la renovación de los vehículos ni recogen ninguna contraprestación a la ciudad. Por su parte, la concejala de Podemos, Erika Cadenas, abogó por la remunicipalización del servicio. Aun así, salió adelante con los votos afirmativos del edil no adscrito, Alejandro Vélez, y los concejales de PP y Cs.
Vélez también dijo 'sí' en esta ocasión al reconocimiento de déficit de Aqualia en los años 2019 y 2020. De esta manera, cambia el sentido con respecto al mes pasado, cuando estuvo en contra. En esta sesión, sin embargo, ha votado que sí minutos antes de que el pleno aprobara la prórroga del contrato de Limpieza, que es el área que depende de él. Este también dio su apoyo a los pagos a Tubasa.
Aqualia recibirá del Ayuntamiento 1.084.433 euros para terminar de pagar el déficit por los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua de 2020 y 2021. Para completar el año pasado, la ciudad abonará 389.265 euros al reconocer una ruptura del equilibrio económico-financiero de 3,7 millones de euros. Para terminar de pagar 2021, le abonará 695.168 euros de los 3,9 millones de euros que le reconoce como déficit. Según los informes municipales, la ciudad ya ha abonado la mayor parte de la descompensación entre lo que cuesta prestar esos servicios y lo que pagan los usuarios por este año y el anterior.
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Lo habitual en estos casos es que el Ayuntamiento haga una previsión del déficit a inicios de año y abone esa cantidad para que las empresas puedan prestar los servicios sin problemas, se revise a mediados de año y se haga una liquidación a finales de año o inicios del siguiente con las cifras cerradas.
Hay que tener en cuenta que Aqualia propuso una revisión de la tarifa que pagan los usuarios en 2019, pero el Ayuntamiento decidió entonces mantener los precios actuales y que están en vigor desde 2015. El aumento del desequilibrio en estos últimos dos años se debe a la actualización del IPC en los salarios y de los cánones que se abonan por la compra del agua.
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Aqualia cuenta con 75.400 abonados en la ciudad, de los 1.590 tienen tarifa social. Esta empresa tiene la concesión municipal hasta 2044.
En cuanto a los pagos a Tubasa, también salieron adelante por unanimidad de todos los partidos. El Ayuntamiento le debe compensar por los últimos tres meses de este 2021. Esto es, 1,8 millones de euros.
Sin embargo, ante las discrepancias por el cálculo de los déficits de 2019 y 2020 con la empresa y «al haberles detraído cantidades no justificadas correctamente», la Intervención decidió abonar octubre y noviembre y retener el mes de diciembre hasta terminar el año y analizar todas las cifras. Por ello, se le va a pagar 1.223.968 euros. Es decir, que la ciudad aporta 610.000 euros al mes para el funcionamiento de los buses.
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Cabe recordar que la concesionaria y el Ayuntamiento mantienen un enfrentamiento por las cuentas de los déficits de los últimos años. De hecho, la empresa ha presentado tres recursos en los juzgados de lo Contencioso.
En los datos usados para el cálculo de los desequilibrios que se aprobaron este lunes se aprecia, por ejemplo, que la ocupación de los buses ha sido del 14% en los dos últimos años, mientras que en 2019 fue del 21,39%.
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El concejal socialista Martín Serván defendió el voto positivo del PSOE para que la empresa no pueda argumentar un impago de las nóminas de los trabajadores. Estos se han concentrado en las últimas semanas a las puertas del Ayuntamiento para reclamar el pago total del dinero reclamado por la empresa. La representante de Podemos, Erika Cadenas, insistió en que «lo deseable» es que el transporte urbano se municipalice. Tubasa tiene la concesión hasta 2037.
Otros asuntos
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Recursos Humanos. Una asesoría externa analizará las estructuras municipales y las necesidades de personal, según ha reconocido la concejala del área, Hitos Mogena.
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Sin acuerdo por el 25-N. Incapaces de ponerse de acuerdo por los matices, los concejales han debatido tres mociones sobre la violencia de género. Una propuesta por el PP, otra del PSOE y una más de Podemos.
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Los Rostros. Inadmitidos los últimos intentos de los vecinos por mantener las construcciones en pie.
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Caminos escolares seguros. El Ayuntamiento retoma los contactos con los colegios paralizados por la pandemia para crear caminos escolares seguros hasta los centros. El PSOE presentó hoy una moción que salió adelante por unanimidad.
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Ciudades que caminan. Podemos pide un plan para que la ciudad se adhiera a esta red. Todos se adhieren. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, recuerda que se está trabajando para fomentar la movilidad sostenible y se han propuesto medidas por 20 millones de euros para lograr fondos covid de la UE. Por el PP, Coslado asegura que llevan años trabajando para reducir el uso de vehículos.
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Infraestructuras educativas. El PP pide a la Junta que invierta en centros educativos y le apoyan todos los partidos. También el PSOE, pero considera que el Ayuntamiento debía poner la calefacción en el nuevo colegio del Cerro Gordo y que impide el correcto funcionamiento de la Escuela de Idiomas.
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Viviendas de la Guardia Civil. El PP pide que el gobierno que incluya en presupuestos 450.000 euros para rehabilitar los 90 pisos de Suerte de Saavedra después de que haya rechazado la enmienda presentada a las cuentas con tal fin. El PSOE propone instar a la cesión de las viviendas a la Junta, que se ha comprometido a rehabilitarlas con fondos covid. Sale adelante por el voto de calidad del alcalde y el apoyo de Cs, PP y Vélez.
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Un toro para la rotonda. Alejandro Vélez propone hacer un reconocimiento al mundo del toro en la nueva glorieta de la carretera de Olivenza y se declare a Badajoz como «Ciudad taurina por excelencia».
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Sin público. Los plenos continúan celebrándose sin público para que los concejales puedan guardar la distancia de seguridad por la covid. Un representante de CCOO trató ayer de que le dejaran pasar, pero el alcalde lo rechazó hasta que la situación se normalice. Las sesiones se pueden seguir por Internet.
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Manifestaciones. Mientras los concejales debatían se oían pitidos desde la Plaza de España. Se manifestaban los profesores de las Escuelas de Música y los vecinos de Hierta Rosales, entre otros.
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