La caída de una farola de Badajoz termina en los juzgados

Mes y medio después, la propietaria del coche reclamó al Ayuntamiento de Badajoz el abono de la reparación, que fue presupuestada por su taller en 2.034 euros. Pero el Consistorio no respondió y su silencio administrativo obligó a la perjudicada a contratar los servicios de Carlos Franco, el abogado pacense que ha defendido sus intereses.

Finalmente, el caso fue juzgado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz, que después de escuchar los argumentos de la reclamante y las explicaciones de la administración municipal ha decidido dar la razón a la perjudicada.

El día que se celebró el juicio, el Ayuntamiento no cuestionó ser el responsable del arreglo, pero su abogado defendía que los 2.034 euros que pedía la perjudicada eran demasiado dinero para la reparación que se precisaba.

Para formarse una opinión, la jueza escuchó al jefe del Parque Móvil del Ayuntamiento, quien aportó el presupuesto de un taller que valoraba el arreglo en 1.321 euros. Pero en el curso del interrogatorio este técnico municipal reconoció que había sido él quien realmente había inspeccionado el coche «por dentro y por fuera», al tiempo que aclaraba que nadie del taller que realizó ese presupuesto vio el vehículo de la demandante salvo en las fotos que él les entregó.

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También testificó el autor del presupuesto presentado por la perjudicada. Justificó que los daños que tenía el vehículo en la tapicería y el techo eran tan contundentes que hacía necesario desmontarlo totalmente, endurecer el cartón y volverlo a colocar.

Sus explicaciones parecieron a la jueza «coherentes, lógicas y concluyentes», razón por la que ha decidido que el Ayuntamiento abone los 2.034 euros que reclamaba la perjudicada, además de las costas generadas por el juicio. Y todo ello «aún a sabiendas de que, probablemente, la reparación ni siquiera indemnizará la totalidad del daño causado, habida cuenta de que el presupuesto fue realizado el día 5 de septiembre de 2020 –la reparación todavía no ha sido hecha– y tenía una validez de 120 días».

La sentencia da por tanto validez a las pretensiones de Carlos Franco, que ve satisfechas por fin las reclamaciones de la perjudicada.