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Viernes, 6 de septiembre 2019, 16:11
La Delegación del Gobierno en Extremadura desmiente a los vecinos y niega que haya un aumento de robos en el Casco Antiguo de Badajoz. Esta institución respondió este viernes a la carta de siete asociaciones de vecinos y comerciantes indicando que, en lo que va de año, se han producido 42 robos con fuerza en este barrio, solo uno más que en el mismo periodo de 2018.
El comunicado de la Delegación del Gobierno resalta que los robos en este barrio suponen el 11,05% del total de infracciones registradas en la ciudad, una cifra inferior a la del año pasado, que fue del 11,68%.
De los 42 robos con fuerza en lo que va de año, 11 se han producido en establecimientos, 7 en viviendas y 24 en el interior de vehículos. El año pasado, en ese mismo período, 9 fueron en establecimientos, 12 en viviendas y 20 en el interior de vehículos. El Casco Antiguo cuenta con 10.064 vecinos según el padrón municipal a 1 de enero de 2019. Esto supone que cuenta con el 6,9% de la población pacense, por lo que las estadísticas de robos con fuerza son superiores al porcentaje de población en la zona.
La Delegación del Gobierno aseguró que trabaja para poner a disposición judicial a los culpables de estos robos y que la Policía Nacional ha desarrollado diferentes operaciones con el resultado de varios detenidos.
Entre ellas la de julio, cuando cuatro personas de nacionalidad georgiana fueron puestas a disposición judicial por 15 robos perpetrados en diferentes barriadas. También cinco personas fueron detenidas a finales de agosto por robos en vehículos.
Señaló, además, que la Policía Nacional «trabaja y se esfuerza» para garantizar la seguridad. «Este cuerpo desarrolla una actividad diaria y mantiene los efectivos necesarios para que así sea», añade.
También aseguró que son muchas las medidas desarrolladas y los efectivos dispuestos por la Policía Nacional en la zona al objeto de garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público, «así como para la prevención activa mediante el patrullaje y la presencia de unidades adscritas a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana».
Esta fue la respuesta de la Delegación a la carta de las asociaciones de vecinos y comerciantes en la que aseguraron que la delincuencia se ha disparado en el barrio y que hay temor entre los que viven y trabajan en la zona. «El miedo se ha apoderado del barrio después de que, en los últimos meses, se hayan sucedido numerosos robos en comercios, restaurantes, viviendas, vehículos, residencias universitarias y edificios patrimoniales», denunciaron los vecinos.
Una de las reivindicaciones de los afectados es que exista un refuerzo en las comisarías de la Policía Local y Nacional que hay en el barrio. Los vecinos y comerciantes aseguran que apenas hay actividad ni efectivos.
La Delegación respondió ayer que, además de disponer de una comisaría propia en la confluencia de la plaza de San José con la Plaza Alta, hay una dependencia policial permanente con un policía realizando labores de seguridad y asistiendo a los requerimientos de la ciudadanía. «Dicho edificio es, además, la sede de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) donde acuden dotaciones en servicio de tal unidad generando un constante trasiego de funcionarios».
«Hay también patrullas a pie para reforzar la presencia uniformada y a lo largo de este año se han realizado ya 21 dispositivos estáticos de control con un mínimo de ocho funcionarios. A la vez, dotaciones uniformadas del Grupo de Atención al Ciudadano y radiopatrullas o Zetas patrullan diariamente todo el sector como parte del servicio ordinario», añade.
Así mismo, aseguran que se ha incrementado en trabajo del servicio de motos al pasar de cinco a siete agentes y ampliar su trabajo con policías que realizan su labor en moto, pero vestidos de paisano.
«A estas medidas, se suman las dotaciones no uniformadas en servicio nocturno, que tienen como objetivo preferente la vigilancia y prevención en la zona con una gran efectividad respecto al número de actas por drogas y armas que se vienen realizando. La Brigada Provincial de Policía Judicial ha incrementado asimismo su presencia en la zona con policías de paisano, lo que ha incrementado el número de actas», añaden desde esta institución.
EFE / R.R. - La delegación del Gobierno y el Ayuntamiento andan a vueltas sobre la tramitación para poder instalar las 40 cámaras de videovigilancia en el Casco Antiguo y la Alcazaba.
Ayer, el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, emplazó a la delegada del Gobierno, Yolanda García-Seco, para que actúen con«urgencia» ante el inicio de los trámites para instalarla. Gragera entiende que esta medida contribuirá a prevenir los delitos en la zona, según recogió Efe. El Ayuntamiento, dijo, reconoce que existe un problema de seguridad y es necesario tomar medidas, como la incorporación de ocho agentes a final de mes.
El Consistorio anunció la instalación de este sistema en marzo, pero no fue hasta principios de agosto cuando remitió el proyecto a la Subdelegación. Necesita que le dé el visto bueno para que siga adelante.
Por su parte, la Delegación admitió que han recibido el proyecto, pero también recordó que su tramitación es más larga.Después deberá evaluada por la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Está previsto que se reúna en septiembre. Su dictamen será vinculante, así que la Delegación debe esperarlo antes de autorizar el sistema.
Por otro lado, el PSOE recordó que este proyecto data de 2016. Además, pidió un Pacto por la Regeneración del Casco Antiguo para evitar los repuntes de la delincuencia. Para los socialistas está justificado el toque de atención que están dando los vecinos. Reclama, entre otras cosas, la apertura de la jefatura de la Policía Local en la calle Montesinos.
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