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Los conductores de autobús mantienen la huelga para la feria de San Juan, que comenzará este viernes. Los representantes sindicales indican que ni el Ayuntamiento ni la empresa ha mantenido ninguna reunión con ellos desde el jueves, día en que tuvo lugar una mediación que terminó sin acuerdo.
Así que los empleados de Tubasa tienen previsto parar entre las 23.00 y las 7.00 horas, lo que impediría la conexión por bus del centro con el recinto ferial, ubicado en la frontera. En la práctica complicaría el acceso a personas mayores, adolescentes y familias, que suelen usar el transporte público para evitar buscar aparcamiento. Además, el Ayuntamiento suele recomendar cada año que se opte por el bus para reducir el tráfico y los atascos que se registran cada año.
Si el acuerdo entre empresa, Ayuntamiento y trabajadores no llega antes del viernes, los pacenses tendrán que buscar otro medio de transporte para llegar a Caya. Aunque el Consistorio garantice los servicios mínimos, son muchos los pacenses y visitantes que optan por el bus.
Antonio Villasán representa al comité de empresa y espera que se produzca otro acercamiento antes del viernes, pero de momento no tienen fijada ninguna reunión. «Ahora estamos sin novedades», indica.
El conflicto surge de una reclamación salarial. El convenio que regía sus sueldos venció en 2020 y se prorrogó un año más por la pandemia. Los trabajadores y la empresa tenían un preacuerdo firmado, pero el Ayuntamiento no lo acepta. De ahí que la empresa haya paralizado la subida salarial.
Cualquier actuación de la concesionaria debe tener el visto bueno municipal porque el propio Ayuntamiento reequilibra cada año las cuentas. Esto implica que, a más gasto, más déficit. Y, por tanto, más aportación de la ciudad para mantener el servicio público de transporte.
El Ayuntamiento ha aprobado un desequilibrio de 7,7 millones de euros este año sin tener en cuenta ese aumento salarial.
Tubasa cuenta con 130 trabajadores y, según el gerente, Julián Pocostales, el 65% de su presupuesto anual se va en abonar nóminas por lo que el Ayuntamiento debe ratificar la subida y asumir gran parte de ese coste.
Antonio Villasán niega que reclamen un incremento del 10%, como aseguró el concejal de Transportes, Jesús Coslado, hace unos días. Villasán explica que el pacto consistía en un incremento del 2% para 2021, que se abonaría con carácter retroactivo. Para 2022 y 2023, aumentaría otro 2%, pero con una clausula de revisión salarial vinculada al IPC. «Creo que es lógico», indica Villasán.
Pero el concejal del área, Jesús Coslado, considera «excesiva» la reclamación, asegura un 2% de aumento para equipararlo con los funcionarios públicos, y apunta que incrementar el salario en función del IPC eleva la subida al 10%. «No conozco a ninguna empresa ni administración pública que tenga un convenio con estas condiciones», comparó el viernes.
Los problemas entre la concesionaria y el Ayuntamiento han crecido en los últimos años a cuenta de la aportación anual que hace la ciudad para mantener el servicio e incrementarlo con nuevas líneas y renovar la flota con buses eléctricos. Todo, a pesar del descenso de viajeros. De hecho, la Intervención municipal ha recurrido a una auditoría externa para supervisar las cuentas de la empresa en 2020 y acaba de sacar a concurso el contrato para revisar las cifras de 2021. De este último año la empresa reclama 650.000 euros y la asesoría examinará las facturas de todo el año antes de hacerlo efectivo.
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