Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

El contrato al exasesor de Moncloa se resolvió en 45 minutos

El 12 de diciembre de 2023, a las 9.15 horas, se reunió la comisión de valoración para resolver la convocatoria en comisión de servicio del puesto de jefe de sección de coordinación de actividades transfronterizas para efectuar la entrevista y conocer la memoria con la que Carrero aspiraba a la plaza. A las 10.00 horas se dieron por concluidas las tareas.

«Es decir, en 45 minutos se realiza la entrevista, se presenta y defiende la memoria y se firma el acta resolviendo la designación del aspirante». Este es uno de los aspectos que destaca la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el análisis de la documentación y el procedimiento para su contratación.

Ese análisis se encuentra en el atestado que la UCO entregó el pasado martes a la jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, y que ha motivado el auto que ha firmado este jueves en el que aborda distintos aspectos. Entre ellos, si David Sánchez se valió de su puesto en la Diputación para colocar a Luis Carrero en 2024, con el que se intercambiaba correos sobre el programa Ópera Joven desde 2022. Es decir, antes de que empezara a trabajar en la Diputación.

Luis Carrero, que es funcionario de la Junta de Extremadura y tiene plaza en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, comenzó a trabajar en Presidencia del Gobierno en 2020 y cesó el 31 de diciembre de 2023 para empezar en la Diputación el 1 de enero de 2024.

En un nuevo análisis de los correos intervenidos a David Sánchez este verano, la UCO encuentra evidencias de que ambos colaboraban sobre el programa Ópera Joven desde 2022.

La jueza pidió ese nuevo análisis porque en el primero no se buscaban datos sobre Carrero, sino sobre el contrato de David Sánchez. Supo de Carrero porque el propio David Sánchez se refirió a él como su colaborador en su declaración como investigado.

Por eso, en esta ocasión han revisado 329 nuevos correos que existen entre Carrero y el resto de trabajadores y políticos de la Diputación cuyos mensajes han sido intervenidos. Y han encontrado documentos que evidencian la participación de Carrero en el programa O Peregrina y frases en los mensajes en los que se basa la jueza para apuntar la «relación íntima» entre los dos por «el contenido de sus correos y de la forma en que se tratan». Entre ellos, el 'Querido hermanito' con el que Carrero encabeza algunos correos.

Pero, sobre todo, porque en los correos «daban por sentado la incorporación de Luis Carrero al puesto 23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura del mismo». Por eso, la jueza cree conveniente investigar «los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación cometidos por los intervinientes».

Cita a declarar como investigados a Luis Carrero, «quien habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con el señor Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de sección de centros y programas de Actividades Transfronterizas»; a David Sánchez, de nuevo, porque «habría utilizado su influencia en la Diputación para obtener un beneficio propio al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho y del señor Carrero, quien consiguió acceder a un puesto creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa mediante la provisión de comisión de servicios«.

Además, cita a Ricardo Cabezas, diputado del área de Cultura, secretario general del PSOE en Badajoz y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, así como al director del área de Cultura, Manuel Candalija. Ambos «intervinieron de forma directa en la creación del puesto de trabajo» que terminó ocupando Carrero y en la propuesta «inmediata y urgente» del mismo mediante comisión de servicios.

Candalija también formó parte de la comisión de valoración que le adjudicó el trabajo y, además, fue nombrado por Carrero en los correos en los que se refería a su incorporación a la Diputación antes de que se convocara la plaza. «Creándose así -dice la jueza- una apariencia de legalidad de un procedimiento administrativo cuya finalidad real era la adjudicación directa del puesto al señor Carrero, además mediante comisión de servicio, siendo necesaria de tal forma la cobertura del puesto al tratarse de un funcionario que ya prestaba sus servicios en otras administración».