Arranca el juicio al hombre de 73 años que mató a su inquilina en Zafra

Un tribunal de jurado juzgará a partir de hoy a Manuel M. M. Q., el hombre de 73 años para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por asesinar a golpes a una mujer con la que había llegado a un acuerdo para que le cuidara los animales que tenía en una finca de Zafra.

En el escrito de acusación se recoge que el procesado contactó con María Soledad S.D. a través de un anuncio que publicó para encontrar a una persona que se hiciese cargo del cuidado de su finca Las Peralas, en el polígono de Las Navas de Zafra.

La mujer, nacida en 1960, respondió a esa oferta y firmó un contrato en precario el 27 de agosto de 2019 por el que el propietario de la finca le cedía gratuitamente el uso de la vivienda que había en la finca, compuesta por una casa, un cobertizo de uralita y varios cercados para animales. A cambio, la mujer se comprometía a cuidar de la finca. Además, aunque no aparecía en el contrato, las partes acordaron que Manuel se haría cargo de los gastos de María Soledad (luz, agua, bombona de butano...) y también de la comida de los animales.

Después de cerrar ese acuerdo María Soledad se desplazó a la finca, a la que llevó los animales de su propiedad. Pero pasados unos meses la relación se deterioró «de manera evidente».

Uno de los episodios que influyeron negativamente ocurrió cuando Manuel sacrificó a su perra Flor sin decírselo a María Soledad, un animal con el que la mujer tenía una «relación especial» desde su llegada a la finca.

María Soledad se sentía incómoda porque el encausado tardaba en entregarle el alimento de los animales y no le proporcionaba los suministros que necesitaba para vivir. A ello se unió otro problema: María Soledad sospechó que el dueño de la finca envenenaba a sus animales.

Se cree que incluso le ofreció mantener una relación, a lo que la mujer se negó. Todo eso provocó que la mujer procurase no coincidir con Manuel. Cuando él acudía a la finca, ella permanecía en la vivienda. «Manuel buscaba una mujer necesitada, dependiente y sumisa, pero encontró una mujer libre, independiente y autosuficiente», concluye la Fiscalía en su escrito de acusación.

En noviembre de 2019, Manuel colocó varios candados en diversas zonas para evitar que se moviera con libertad por toda la finca y en diciembre le envió un requerimiento notarial exigiéndole que abandonara la finca antes del 10 de marzo de 2020.

Un nuevo desencuentro se produjo el 30 de enero de 2020 cuando enfermó el potro de Manuel. María Soledad le pidió por WhatsApp que enviara un veterinario, pero al no recibir respuesta contactó con el hijo de Manuel y una protectora de animales para que le echaran una mano.

María Soledad atendió al potro durante esa noche. «Era una persona amante de los animales y, aunque quería irse de la vivienda, no se fue de manera inmediata porque necesitaba tiempo y dinero para poder trasladarse junto a sus animales. Temía que si ella se marchaba sin sus animales, Manuel pudiera hacerles algo», explica el escrito de acusación.

A la mañana siguiente, el día 31 de enero, Manuel acudió a la finca y, a pesar del temor que María Soledad tenía, le transmitió su enfado por la actitud que había tenido el día anterior.

En ese momento, Manuel le dijo que tenía que hablar con ella y María Soledad comenzó a grabar a Manuel con su teléfono móvil, avisándolo de que lo hacía.

Esa es la razón por la que se conoce el contenido de la conversación que mantuvieron cuando Manuel cogió un saco en el que ocultaba una palanca metálica de desencofrar, un objeto alargado con espinas en sus extremos y bordes cortantes que mantuvo oculto mientras se desplazaban por la finca.

A las 10.15 horas, Manuel entró en el cobertizo seguido por la mujer y la invitó a que pasara al interior de uno de los habitáculos con la excusa de comprobar si tenían comida los animales.

La Fiscalía cree que Manuel quería que pasara al interior para poder acabar con su vida sin ser visto, pero María Soledad no entró en el habítáculo por lo que prosiguieron la conversación en el exterior, junto a una cerca.

En ese momento, de nuevo comenzó a grabar a Manuel con su móvil, razón por la que se conoce el contenido de la conversación. La mujer le dijo que no se marcharía hasta tener una orden de desahucio. «Yo no he venido a cuidar la casa. Yo me dedico a cuidar animales».

El hombre le transmitió el deseo de que se marchase cuanto antes, le recordó que tenían un contrato firmado y que su compromiso era cuidar la casa, «no los animales».

La discusión prosiguió hasta que en un momento concreto Manuel miró a ambos lados para asegurarse de que no los veía nadie y de forma sorpresiva sacó la barra de hierro que ocultaba en el interior del saco y golpeó reiteradamente a la mujer. Ella cayó al suelo, pero Manuel volvió a golpearla mientras le suplicaba perdón. «Manuel, que tengo dos hijos, Manuel perdóname», gritó.

Un vecino vio lo que estaba sucediendo y comenzó a gritarle para que la dejara, pero no lo hizo. Le propinó 40 golpes mientras este testigo saltaba alambradas y cercas para detener la agresión.

Cuando llegó al lugar, María estaba muerta, por lo que le advirtió de que iba a llamar a la policía, siendo el propio Manuel quien se desplazó al cuartel de la Guardia Civil para entregarse.

En la autopsia que se le realizó se constata que la víctima, de 59 años de edad, tenía un mínimo de 20 golpes en la cabeza, además de lesiones en los brazos. En el momento de morir era viuda y tenía dos hijos de 36 y 35 años.

El Ministerio Fiscal considera que lo sucedido es un delito de asesinato en el que concurren las agravantes de alevosía y ensañamiento. Solicita una pena de 25 años de prisión y que cuando ingrese en la cárcel no se le conceda el tercer grado penitenciario que posibilitaría su salida hasta que haya cumplido la mitad de la pena.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el procesado entregue 31.250 euros a cada uno de los dos hijos que tenía la víctima y 18.750 a cada uno de sus siete hermanos.

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