La Diputación de Badajoz cobrará por repostar en las electrolineras a partir de enero

La institución provincial dispone de 32 surtidores por la provincia en municipios con más de 20.000 habitantes desde enero de 2022. En estos dos años y nueve meses que llevan funcionando, han sido gratuitos. Pero el nuevo año traerá la entrada en vigor de los precios públicos que la junta de gobierno de la Diputación aprobó en junio pasado y que establece el pago por recarga.

Los usuarios deberán darse de alta en una plataforma de pago que funcionará a través de una app que tendrán que descargarse en los teléfonos móviles. Los coches de la institución estarán exentos del pago que sí tendrán que pagar los particulares a partir del 1 de enero.

Está previsto que una nueva empresa gestione esta red a partir de ese día. Hasta entonces la gestionará Gamma Solutions, la empresa que consiguió la ejecución y posterior gestión durante dos años.

Ahora son Repsol, Senergy y Wenea las tres empresas que pugnan por quedarse con el contrato para su mantenimiento y explotación.

La licitación para la gestión de los puntos está en marcha. La adjudicataria se quedará con el servicio durante dos años por un valor estimado de 310.362 euros. Podrá tener una prórroga máxima de otros dos.

Durante este tiempo tendrá que mantener la red de puntos de forma ininterrumpida las 24 horas de los 365 días al año, asegurando permanentemente su correcto estado de funcionamiento, visibilidad, señalización y limpieza. La empresa tendrá que establecer también una plataforma de gestión y control de la red de puntos de recarga, así como facilitar la atención permanente a los usuarios de vehículos eléctricos que utilicen la infraestructura de recarga mediante un servicio de atención que funcione todos los días y a todas horas.

Este proyecto del Área de Transición Ecológica fue una de las grandes apuestas del presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, poco después de llegar a la Diputación.

Badajoz fue la primera provincia en disponer de una red de este tipo para incentivar el uso tanto público como privado de estos vehículos con los que reducir las emisiones de CO2. Instalaron un punto de recarga a cada 35 o 40 kilómetros máximo de distancia de cualquier núcleo urbano.

Justo antes de poner estos surtidores en marcha, la institución había adquirido un vehículo eléctrico para cada municipio. En total, ha invertido siete millones de euros en un programa que finalmente financió la Unión Europea.

Esta estrategia para fomentar el vehículo eléctrico, con la dotación de los puntos de recarga, se denominó Plan Movem y aún tiene una web donde se puede consultar la ubicación de los surtidores.

Esta iniciativa valió a la institución al menos dos reconocimientos. Uno fue el premio nacional a la 'mejor Institución autonómica o provincial' de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) en 2022 y otro, de 2020, fue concedido por la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible a la Mejor Práctica Sostenible y Accesible.

Esta red de electrolineras es parte del trabajo que desarrolla la institución en materia de eficiencia energética. A esto se suma el Plan SmartEnergía, en el que se invirtieron casi 28 millones de euros para cambiar 27.000 luminarias en municipios de la provincia; el consumo energético de edificios públicos o se procedió a la instalación de fotovoltaicas en depuradoras y potabilizadoras.

El último paso que presentó la institución este año es la creación de la Oficina de Transformación Comunitaria para fomentar las comunidades energéticas en los municipios de menos de 20.000 habitantes.