La Diputación de Badajoz compra tres radares fijos y catorce móviles para los pueblos

Tres radares fijos y catorce móviles. Esa es la compra que tiene entre manos la Diputación de Badajoz. El objetivo es facilitar a los Ayuntamientos de la provincia la realización de controles de velocidad para reducir la siniestralidad vial en los pueblos.

Para ello, lo que hace la Diputación es adelantarles el pago de la compra de los radares a los municipios y luego ellos, vía recaudación de sanciones de tráfico, amortizan ese coste. Para esta primera compra, el presupuesto es de 511.600 euros.

El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), dependiente de la institución provincial, es quien se está encargando de la adquisición de los nuevos radares, que ya han solicitado los alcaldes de 16 municipios de la provincia de Badajoz. Lo está haciendo en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico y la Fiscalía Provincial de Seguridad Vial.

Entre los meses de junio y julio de este año, calcula la Diputación que estarán plenamente operativos los 17 nuevos radares. Y, probablemente, habrá más.

«A finales de año -relata la diputada delegada del OAR, María del Rosario Moreno- el presidente de la Diputación envió un escrito a los alcaldes de los municipios de la provincia para informarles de este nuevo servicio». A esa carta ya han contestado 16 alcaldes solicitando el tipo de radar que quieren para sus respectivos pueblos (5 fijos y once móviles, en concreto).

La Diputación ha preferido no facilitar el listado de municipios solicitantes hasta que no esté decidido a qué pueblos irán los controladores de velocidad. No obstante, la convocatoria del OAR está abierta, es decir, cualquier municipio en cualquier momento puede solicitar el radar a la Diputación.

Una vez que la empresa que gane el concurso convocado por la Diputación le suministre los radares, será el momento de decidir a qué municipios se mandan para que sean ellos, a través de sus respectivas policías locales, los que practiquen los controles de velocidad.

Para ello se tendrán en cuenta varios factores, como el orden de llegada de las solicitudes por parte de los Ayuntamientos, las necesidades más urgentes y la tasa de siniestralidad vial de los municipios.

«Este es el proyecto inicial, en función de la demanda que haya por parte de los municipios podremos comprar más», confirma Moreno, quien añade: «Estamos poniendo en marcha esta iniciativa y habrá ayuntamientos que todavía no se hayan planteado la necesidad o que no tengan detectados aún los puntos conflictivos de tráfico, por eso no hemos puesto plazo para que presenten sus solicitudes».

Los controles de velocidad serán urbanos, es decir, se practicarán dentro de los términos municipales de los pueblos a los que se les adjudique.

La compra de los radares es una de las novedades planteadas por la Diputación para el nuevo año. «Desde la corporación consideramos que podemos contribuir a mejorar la seguridad vial en los municipios ofreciendo a los ayuntamientos los instrumentos para el control de la velocidad y la detección de las infracciones».

Además, el OAR ya facilita el cobro de las multas. Actualmente, tiene suscritos convenios con 94 ayuntamientos de la provincia, a través de los cuales estos les delegan las gestión y recaudación de las sanciones derivadas de infracciones de tráfico.