La Diputación ha llevado cajeros automáticos a 30 pueblos

En Magacela hace cuatro años se quedaron sin banco. La oficina del pueblo cerró sus puertas y si un vecino quería sacar dinero tenía que acercarse a Don Benito o a Villanueva de la Serena para encontrar el banco más cercano. Su alcaldesa, Inés María Escobar, escribió a las entidades bancarias, les rogó que volvieran a su pueblo, pero no le hicieron caso.

«La mayoría de los vecinos son muy mayores y no tenían cómo desplazarse. En muchas ocasiones los hemos tenido que llevar en nuestros coches particulares para que pudieran cobrar su pensión». Magacela vivió el llamado apagón financiero, el cierre masivo de oficinas bancarias en la década de 2008 y 2018 en el mundo rural, del que Extremadura no escapó. Solo en la provincia de Badajoz, en ese periodo se cerraron 142 sucursales bancarias en los pueblos.

A la Diputación de Badajoz se le ocurrió entonces poner cajeros en los municipios para sustituir el servicio que daban las oficinas financieras y evitar así que esto fuera un motivo que llevara a las familias a plantearse dejar sus pueblos. En dos años, ha costeado la instalación de 30 cajeros automáticos que permiten que 13.000 vecinos puedan sacar dinero, pagar recibos o impuestos o recargar el móvil sin tener que moverse de su pueblo. Desde Torremayor, la localidad más grande en la que se ha instalado con 957 habitantes a El Risco, la más pequeña con 140 vecinos.

Aún está pendiente un pueblo más para completar el que ha llamado el plan contra la exclusión financiera. Será Garbayuela el último pueblo que incorpore el cajero.

«Es la mejor apuesta que han podido hacer por el mundo rural. Es un servicio crucial para la población, lo digo como alcaldesa y como ciudadana. Estamos muy felices», dice Escobar.

Los cajeros funcionan como oficinas financieras al aire libre, donde los vecinos pueden hacer sus gestiones utilizando solo una tarjeta de crédito. Su manejo, para muchos, no fue fácil al principio. Caja Rural de Extremadura, adjudicataria del concurso de la Diputación, ha dado asistencia a los vecinos para que se entendieran con el cajero. «Al principio sobre todo la gente mayor era muy reticente a usar el cajero porque no habían usado nunca una tarjeta, pero ahora retiran su efectivo y hacen sus gestiones. Lo que sigue costando un poco más es que ingresen dinero, porque eso de meterlo en una caja que no saben a dónde va no les da mucha confianza», comenta María del Carmen Domínguez, alcaldesa de Fuente del Arco.

Su pueblo también se quedó sin cajero y sus 600 habitantes tenían que desplazarse hasta Llerena. «Había gente que tenía que coger el autobús por la mañana y esperar a que regresara al mediodía para sacar 50 euros. El que no ha vivido la exclusión financiera no sabe lo que es, pero para nosotros tener el cajero ha sido un paso de gigante», añade.

Para dotar a los 31 pueblos de cajeros han hecho falta 3,6 millones de euros, que ha puesto la Diputación para sufragar la instalación, el alquiler y su mantenimiento durante cinco años.