Las familias del colegio Lope de Vega exigen a Educación una inspección urgente

Ángela Murillo

Viernes, 11 de abril 2025, 18:21

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Las familias del colegio público Lope de Vega de Badajoz se movilizan contra la situación que atraviesa el centro educativo. Este viernes han presentado ante la Consejería de Educación una solicitud para exigir una inspección urgente y se adopten medidas inmediatas frente a lo que consideran «graves irregularidades» que, desde hace meses -apuntan-, afectan al funcionamiento del centro educativo situado en la Ronda del Pilar. En total han presentado 677 firmas, 252 de ellas de padres, madres y demás tutores legales de niños del centro.

El malestar de la comunidad educativa ha ido en aumento en los últimos meses debido a lo que consideran una «gestión inadecuada por parte de la dirección del colegio», lo que ha derivado en una situación que las familias tachan de «insostenible».

Entre los hechos denunciados -a través de un comunicado- señalan «la aprobación de la Programación General Anual (PGA) y del Proyecto Educativo de Centro (PEC), sin la mayoría cualificada de 2/3».

Asimismo, ponen el foco en la eliminación «sin justificación de proyectos educativos exitosos como Robotizarte, Emocionarte, Aulas Hospitalarias-Lopotrénicas, RoboReto y Cansat».

En cuanto al cuerpo docente, creen que existe una «rotación constante del profesorado, motivada por un ambiente laboral desfavorable».

De igual forma, en el escrito presentado por padres y madres se refieren a una «falta de atención a alumnado con necesidades educativas especiales, lo que ha llevado incluso a familias a abandonar el centro».

En los últimos tiempos también ha generado malestar la solicitud por parte del centro «de dinero a las familias para actividades escolares sin transparencia ni justificación presupuestaria previa».

Señalan que las reclamaciones planteadas por la AMPA y por parte del profesorado hasta el momento «no han obtenido una respuesta efectiva» desde la dirección. Eso ha llevado a las familias a organizar una recogida de firmas. Las 677 rúbricas han sido presentadas a través del registro oficial, acompañadas de un informe.

Con esta acción, dejan claro que no buscan confrontación, sino recuperar un entorno educativo «seguro, justo y de calidad para sus hijos e hijas». Reiteran su confianza en la administración y solicitan a la Consejería de Educación que «actúe con responsabilidad y urgencia ante los hechos denunciados».

Sandra Mangas Ramos es la madre que propuso la recogida de firmas y explica cuál fue el detonante que colmó el vaso de la paciencia de las familias. «Fue a raíz de un mensaje por Rayuela en el que la dirección nos pedía que cada alumno llevara dos euros en un plazo concreto para contratar una empresa para realizar actividades en horario lectivo durante el día del centro. Vimos que no se había consultado previamente ni se habían aportado presupuestos. Entendimos que al ser una actividad en horario escolar, esa petición de dinero era ilegal, así que muchos padres le contestaron con su desacuerdo a través de mensajes individuales».

La dirección les respondió argumentando que se trataba de un «pago voluntario», sin embargo, el cruce de mensajes, lejos de contentar a las familias, avivó más el malestar, y los progenitores comenzaron a organizarse a través de un grupo de WhatsApp para compartir las situaciones con las que no estaban de acuerdo.

A preguntas de este diario, la Consejería de Educación indica que la inspección educativa, «que vela por el cumplimiento de la legislación vigente, ya está actuando en este centro educativo». En estos momentos, señala la Administración regional, «se están analizando los documentos institucionales, así como programaciones y actas de los diferentes órganos colegiados del centro». Precisado lo cual, recuerda la consejería que las razones por las que «se puede cesar a un director de un centro están contempladas en la normativa vigente, pero hasta el momento no concurre ninguna de ellas».

Sandra Mangas avanza que el próximo 24 de abril padres y madres han solicitado autorización para llevar a cabo una manifestación frente a la delegación de Educación, que esperan poder desconvocar si la consejería toma medidas «por el bienestar de los niños y niñas».