La Fiscalía recurre el auto de Gallardo y el hermano de Pedro Sánchez porque no concreta los motivos para imputarlos

La fiscal Begoña García solicita la revocación de la resolución judicial emitida por la contratación de Azagra en la Diputación de Badajoz. Quiere que la jueza vuelva a pronunciarse y determine los hechos concretos que se imputan al líder de los socialistas extremeños y al resto de los citados a declarar.

En el recurso de reforma que la Fiscalía ha remitido al juzgado instructor se expone que cuando una persona es llamada a declarar como investigado debe conocer cuáles son los hechos que se le imputan, un requisito que en opinión del Ministerio Público no se cumple en este caso.

«No hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa y es esa omisión la que, a nuestro juicio, debe ser resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones», expone la Fiscalía en su escrito.

Considera la Fiscalía que el auto del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz aprecia indicios racionales de criminalidad por una remisión no detallada al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sin buscar el equilibrio entre la garantía del derecho de defensa y el principio de investigación eficaz.

La Fiscalía aporta una lista de motivaciones legales para fundamentar este escrito contra el auto judicial,  citando preceptos legales y  resoluciones judiciales concretas. «Aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de la decisión del juzgador, posibilitando su control mediante el sistema de recursos, y como garantía frente a la arbitrariedad».

El Ministerio Público concluye que el auto dictado por el juzgado el pasado 28 de octubre se limita a acordar la declaración de los investigados para «garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra los mismos, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión». «Sin embargo –prosigue la Fiscalía–, esta resolución judicial no realiza ninguna exposición de los indicios existentes contra cada una de las personas a las que se pretender tomar declaración como investigados; ni siquiera se indican los concretos delitos por los que se investiga a cada uno de ellos. La genérica referencia que se realiza a 'los delitos contra la Administración Pública investigados' no puede colmar satisfactoriamente el derecho de defensa».

La Fiscalía considera que las «deducciones o inferencias» que motivan la citación de los imputados deben ir precedidas «de una cierta reflexión y valoración» por parte del juzgado instructor, un requisito que no observa en este caso. «En atención a lo expuesto, interesamos la revocación del auto que se recurre en el sentido de determinar los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados». Por este motivo, pide que esa omisión sea resuelta con anterioridad a la toma de declaraciones, que en el caso de Miguel Ángel Gallardo y David Azagra están previstas para el próximo 9 de enero.

El recurso de la Fiscalía afecta al procedimiento que se sigue contra los nueve investigados en esta causa, una lista de imputados en la que además de David Azagra y Miguel Ángel Gallardo figuran Elisa Moriano, directora del área de Cultura entre 2015 y 2019; Cristina Núñez, diputada de Cultura hasta julio de 2018; Juana Cintas, que fue directora del área de Recursos Humanos y Régimen Interior entre 2015 y 2023, y Manuel Candalija Valle, que es ahora director del área de Cultura, Deporte y Juventud, pero que en el momento del contrato era jefe de servicio de actividades culturales.

También fueron citados como investigados Félix González Márquez, actual jefe de sección de Gestión Administrativa y Asuntos Generales y anteriormente jefe de servicio de Gestión de Recursos Humanos, Inspección y Evaluación; Emilia Parejo Gala, que fue directora del Área de Cultura Juventud y Bienestar de la Diputación desde el 28-10-2019 hasta el 28-7-2023, y actual coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad; y Francisco Martos Ortiz, alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deportes entre 2019 y 2023.