La Fiscalía retira la acusación contra los concejales de Berlanga acusados de prevaricación

Esa modificación se ha producido tras el juicio que durante la pasada semana sentó en el banquillo a los acusados de un supuesto delito de falsificación en documento oficial y prevaricación administrativa relacionados con la construcción de una residencia en la localidad de Berlanga.

La acusación que la Fiscalía ha elevado a definitiva mantiene que se produjeron dos delitos de falsedad por imprudencia grave y un delito continuado de prevaricación.

A quien fuera alcalde de la localidad, Vicente Barragán, lo acusa de un delito continuado de prevaricación para el que solicita la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Igualmente acusa al exsecretario del Ayuntamiento Manuel R.F.R. de un delito de falsedad documental por imprudencia grave. Solicita para él la pena de 6 meses multa con una cuota diaria de 10 euros y suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de seis meses.

A la tesorera Rocío M.A. la acusa de un delito de falsedad documental por imprudencia grave para el que propone 6 meses multa a razón de 10 euros diarios y suspensión de empleo o cargo público por un plazo de seis meses.

Para los dos funcionarios la Fiscalía propone esa suspensión temporal en su empleo, una medida que no implica perder la carrera profesional.

Con respecto al resto de los investigados, concejales de Berlanga cuando ocurrieron los hechos, la Fiscalía retira la acusación por entender que desconocían la ilegalidad de la decisión que se tomó. Ahora debe ser el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz el que dicte sentencia sobre este caso.

El juicio se ha celebrado más de diez años después de cometerse los hechos y sentó en el banquillo a dos exalcaldes socialistas de Berlanga, cuatro exconcejales y dos funcionarios por prevaricación y falsedad documental. En la primera sesión, porque el proceso se alargó hasta el jueves, el exalcalde Vicente Barrantes negó las acusaciones por las que le piden seis años de cárcel. Destacó que, cuando se incorporó al Ayuntamiento en 2011 hubo problemas de dinero incluso para pagar las nóminas, por lo que era justificado el plan económico que se puso en marcha y que supuso dos despidos.

Esos dos despidos son el origen de la investigación. La denuncia la puso Izquierda Unida en 2012 por considerar improcedente echar a dos trabajadores del Consistorio. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura consideró nulos estos despidos y fueron indemnizados. Además en la investigación se localizó una supuesta manipulación contable que ha llevado a este proceso penal.

En concreto la Fiscalía pide penas de hasta seis años de prisión por prevaricación administrativa y falsificación documental por unos hechos relacionados con la construcción de una residencia de mayores en Berlanga.

Además de Barrantes también está entre los procesados otro exalcalde, Juan Manuel Ortiz Paredes, que dejó su cargo este sábado al tomar posesión el popular Andrés Ortiz. Así mismo están en el banquillo los también exediles socialistas Dolores M. C., Javier V. V. y José V. M., la secretaria de ese Ayuntamiento y el tesorero.

La acusación sostiene que este último, el tesorero, realizó un apunte contable falso en junio de 2011 por importe de 826.000 euros relacionado con la construcción de la residencia de mayores, aunque fechó esta entrada contable meses antes. La Fiscalía cree que el alcalde y algunos concejales aprobaron la liquidación a sabiendas de que contenía un apunte contable falso y que se pretendía causar un desequilibrio presupuestario, lo que obligaba a aprobar un plan financiero (se eliminaron gastos, entre ellos los despidos).

En la primera sesión el tesorero aseguró que realizó el apunte contable tras consultar con el anterior secretario de intervención y que puso la fecha de adjudicación de la obra. Negó que se planease una liquidación falsa ni quiso provocar «que se echase a compañeros».

El exalcalde Vicente Barrantes, negó conocer la existencia del apunte contable. «No tengo constancia. Para eso están los técnicos», indicó. Insistió en que, al incorporarse al Ayuntamiento de Berlanga en 2011, había un gran déficit y dificultades para pagar a los proveedores e incluso los sueldos de los funcionarios.

«Bastante teníamos con pagar las nóminas. No había dinero para ello», indicó justificando la necesidad del plan de saneamiento que además matizó que la ley les obligaba a llevarlo a cabo.