Gragera estudia reducir el IBI para compensar la nueva tasa de basura

Los ayuntamientos pueden modificar una parte del recibo. A finales de 2017, ante la subida del valor catastral de las viviendas que había pedido el propio Ayuntamiento, el gobierno municipal decidió bajar esa parte del 0,76 al 0,72 para bienes urbanos y del 0,90 para las propiedades rústicas, que es como está en la actualidad. De esta manera, se compensaba el incremento. El mínimo permitido está fijado en el 0,40, por lo que aún hay margen para aplicar un descuento.

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Rocío Romero

Además de estudiar cómo pueden reducir este tributo, desde el Ayuntamiento reclaman al Gobierno que otorgue más autonomía a las entidades locales para decidir su aplicación. De momento, el Consistorio no ofrece una estimación del importe que tendrán que pagar los ciudadanos.

La nueva tasa grava el coste de vaciar contenedores, transportar los desechos y destruir la basura. Se refiere a aquellos desechos que no son plástico, cartón, vidrio u orgánicos o que simplemente el usuario no quiere reciclar. De cuánto cuesta todo esto tampoco ofrece el Ayuntamiento una cifra de momento.

Pero no es una cantidad menor. Badajoz paga los servicios de vaciado de contenedores a FCC; a lo que tendría que sumar el pago de la ecotasa, el precio de separar la basura, el mantenimiento de camiones y maquinaria, la factura energética, el coste de los trabajadores municipales que se encarguen de las gestiones y las campañas de concienciación entre otros criterios. Y esto, en realidad, lo debe cobrar directamente a cada pacense en función de lo que genere. La tasa no puede ser deficitaria ni tampoco puede recaudar más dinero del coste.

El Ayuntamiento está obligado a aplicar este canon por una directiva europea, que impone a los países miembros de la UE que cobren a los ciudadanos el coste de retirarles los residuos. «La filosofía que quieren aplicar es que quien genera, paga», resume el edil de Hacienda, Javier Gijón. Con esta idea se pretende reducir los desechos que se generan y favorecer el reciclaje.

En España se corresponde con la Ley 7/22 (de residuos y suelos contaminados para una economía circular) que dio a los ayuntamientos tres años de plazo para empezar a cobrar la tasa. Ese periodo termina el 10 de abril de 2025, aunque los ayuntamientos deben crear la ordenanza que estipule el cobro antes del 31 de diciembre. En caso de que España no aplique la tasa el 10 de abril, podría ser sancionada por la UE.

Por eso los ayuntamientos estudian a marchas forzadas cómo hacerlo. De momento, en Badajoz no hay nada definitivo. Pero en otros municipios, como Oviedo, han aprobado hace solo unos días las nuevas ordenanzas fiscales para el próximo año. Recogen una subida del IBI, incrementos en los precios públicos que llegan al 65% y un aumento del 80% de la tasa de basuras.

Gijón no da aproximaciones y lamenta la escasa claridad de la Ley nacional. «Esa legislación, a nuestro juicio, no está desarrollada, porque estoy viendo cómo lo han hecho otras ciudades, he preguntado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y nada. Porque nos encontramos en que la Ley no dice en base a qué hay que pagar», lamenta el edil de Hacienda.

Según Gijón, el Ayuntamiento de Badajoz quiere que dejen a los ayuntamientos «la potestad de decidir si podemos asumir parte del coste» con dinero del propio Consistorio que, como recuerda el edil, es dinero de los pacenses. «Esto es una intromisión en la gestión de nuestros tributos».

Por otro lado, se pregunta cómo aplicar la tasa. No existe un criterio establecido para ello. «Hay ayuntamientos que van a poner una cuota fija, pero hay otros que van a poner una cuota fija y otra variable. Y dentro de la variable, unos lo hacen en base al consumo de agua de la vivienda y otros en función del número de habitantes o los metros cuadrados de la casa».

Si se toma el consumo de agua como parámetro, indica Gijón, se perjudica a quienes tienen piscina. «Porque ese consumo de agua que tienen no significa que generen más residuos», aunque ya hay sentencias que avalan este criterio.

En caso de recurrir al número de habitantes de una vivienda, se puede damnificar a quien la tenga alquilada. En ocasiones, los inquilinos se censan y no siempre se dan de baja del registro municipal cuando se marchan. Ese paso, además, solo lo puede realizar el ciudadano inscrito y nunca el propietario de la casa o el nuevo arrendatario.

Todo esto, además, advierte el concejal, puede desembocar en una lluvia de procedimientos judiciales. Por lo que reclama un criterio uniforme que puedan aplicar todos los ayuntamientos. «Pedimos algo como el IRPF, donde uno paga en función de los ingresos. En este caso no hay una guía unificada para que todos seamos iguales».

«No hay una directriz clara, lo que hará que si uno tiene una casa en Badajoz y otra en la playa o en Madrid o en Mérida, tenga que pagar distinto en función de distintos criterios de reparto», incide.

La ley también prevé una serie de bonificaciones para los usuarios y hay ciudades, como Pamplona, que premian la recogida puerta a puerta o la implantación de contenedores inteligentes. Allí cada vecino tiene una tarjeta para abrir el contenedor en la que queda registrada cuántas veces lo hace y, así, cuántos residuos genera o, por lo menos, deposita.