El hermano del presidente del Gobierno pide retrasar su declaración ante la jueza

En dicha providencia, se asegura que la declaración de Sánchez estaba prevista inicialmente para el día 10 de enero, por lo que se retrasaría una semana, aunque, tal y como se ha informado, en el auto del pasado 27 de noviembre, en el que jueza Biedma cita también en calidad de investigados a otras ocho personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, el hermano del presidente del Gobierno aparece convocado para el 9 de enero, a las 9.30 horas.

En cualquier caso, en la provindencia del 11 de diciembre se recoge que «visto el contenido del escrito presentado por la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón solicitando la suspensión de las declaraciones señaladas para el día 10 de enero de 2025, antes de proceder a su nuevo señalamiento, que según la disponibilidad de este Juzgado podría ser el 17 de enero; dese traslado para alegaciones en el plazo de 2 días al resto de partes personadas, a fin de evitar nuevas peticiones de suspensión y alargar innecesariamente la tramitación de este procedimiento», recoge el escrito.

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El motivo de la petición de aplazamiento es, según las fuentes consultadas, por problemas de agenda y obligaciones profesionales anteriores de su abogado, Emilio Cortés.

Así, la juez sigue adelante con la investigación tras desestimar la petición de la Fiscalía. La pasada semana, el Ministerio Fiscal recurrió el auto antes mencionado por no concretar los motivos para imputar a ninguno de ellos. Pero la jueza ha rechazado anular las citas y rebatió los reproches de la Fiscalía por haber dado la condición de imputado al hermano del presidente de manera prematura. Biedma llega a señalar que le parece «absolutamente extraordinario» el posicionamiento de Fiscalía.

El juzgado desarrolla una investigación para aclarar si la Diputación provincial de Badajoz preparó la plaza de coordinador de conservatorios para de David Sánchez, también llamado Azagra en el mundo artístico, en el año 2016, con toma de posesión en 2017. También analiza si acude a su puesto de trabajo y si cumple con las funciones, que en 2022 se ampliaron al pasar a convertirse en director de la Oficina de Artes Escénicas de la institución sin que mediara un concurso público de esta nueva plaza.

Hasta el momento, solo se ha propuesto a David Sánchez el cambio de día. El resto, en principio, mantienen el día fijado inicialmente. Así, Miguel Ángel Gallardo lo hará a las 10 horas del día 9. Esto es, dos días antes de la votación del proceso de primarias convocado en el PSOE para elegir secretario general.

El resto de los investigados declararán entre el día 9 y el 10. Son Elisa Moriano, directora del área de Cultura entre 2015 y 2019; Cristina Núñez, diputada de Cultura hasta julio de 2018; Juana Cintas, que fue directora del área de Recursos Humanos y Régimen Interior entre 2015 y 2023, y Manuel Candalija Valle, que es ahora director del área de Cultura, Deporte y Juventud, pero que en el momento del contrato era jefe de servicio de actividades culturales. También cita como investigados a Félix González Márquez, actual jefe de sección de Gestión administrativa y Asuntos Generales y anteriormente jefe de servicio de Gestión de Recursos Humanos, Inspección y Evaluación; a Emilia Parejo Gala, que fue directora del Área de Cultura Juventud y Bienestar de la Diputación desde el 28-10-2019 hasta el 28-7-2023, y actual coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad. También está llamado Francisco Martos Ortiz, diputado delegado de Cultura y Deportes entre 2019 y 2023.

En la ciudad de Badajoz existen dos conservatorios, pero han llamado a tres responsables en calidad de testigos. Son Evaristo Valentí, que fue director de la escuela superior de música hasta 2020; a su sucesora, María del Rosario Mayoral, y a la directora del conservatorio profesional de musical Juan Vázquez, Yolanda Sánchez Baltasar. Estos declararán el día 8 de enero.

Además, la jueza pidió a la Asamblea de Extremadura que certifique que Antonio Garrote, que fue alcalde de Monesterio y diputado provincial, es diputado regional. Este había argumentado su condición de aforado durante la investigación ante el juzgado de Instrucción Número 3. La contestación ha llegado también al juzgado en un certificado firmado por la letrada mayor y secretaria general del Parlamento regional.