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«Es una situación tremenda, dantesca, nunca piensas que te va a pasar a ti». Pero pasa. Miguel Valdés, emeritense, denuncia que su hijo y ... tres compañeros de piso no pueden acceder a la vivienda alquilada para este curso en el entorno del Hospital Perpetuo Socorro.
El sábado, dos de ellos se adelantaron a los otros dos compañeros, entre estos últimos se encuentra su hijo. Desembarcaron en el bloque con el equipaje y trataron de abrir la puerta, pero no pudieron entrar. Se extrañaron. Hablaron con el propietario, quien respondió que no había cambiado la cerradura y envió a otra persona con una llave para intentar abrir la puerta. Este tampoco lo logró.
A esas que llegó la Policía Nacional, que había sido avisada por otros vecinos del bloque al ver el trasiego. En definitiva, temerosos de que fueran más personas tratando de colarse en la vivienda.
Los cuatro estudiantes y el enviado del propietario descubrieron que una pareja se ha adueñado de la vivienda y que ni ellos ni el titular del piso pueden entrar de momento. El dueño de la casa necesitó de atención médica por ansiedad y los inquilinos que habían llegado a Badajoz un día antes que sus compañeros avisaron a los dos que se habían quedado en Mérida.
Ni les dejaban entrar, explica Miguel Valdés, ni respondían a su petición de que sacaran sus cosas. Como ya habían estado allí el curso pasado, uno tiene toda la ropa de invierno, otro el ordenador, un congelador y enseres personales que de momento no pueden recoger. Las familias propusieron a los okupas que, si no les dejaban entrar, les sacaran el material y se lo dejaran en el rellano de la escalera mientras ellos esperaban abajo. Pero no accedieron. Todo se ha quedado dentro.
Los jóvenes, según indica Miguel Valdés, no daban crédito a que tras dos meses de vacaciones no pudieran entrar en su piso. Hasta mediados de julio han estado liados con exámenes y trabajos, residiendo en la capital pacense.
«Es la casa de mi hijo y de sus compañeros. El piso estaba habitado, no es como los casos que se ven por la tele de viviendas del Sareb, casas medio construidas o casoplones. Es un piso normal en un barrio normal y totalmente integrado de Badajoz», señala. Valdés rechaza dar más datos de la vivienda, como su ubicación, por respeto al propietario y para dejar a la Policía que actúe.
miguel valdés, padre de uno de los jóvenes
«Veo dos cosas inconcebibles. Lo primero, que no nos devolvieran las cosas como ya he explicado. Lo segundo que considero sorprendente es que volvemos el domingo porque estábamos desesperados. Llamamos a la Policía y nos dijeron que el sábado ya sabían que estaba okupado porque habían estado allí. Es más, que habían hablado con la okupa y que les había comunicado que no se irían. No entiendo que la Policía se hubiera puesto en contacto con la okupa, pero no con el propietario al que avisamos nosotros el sábado. No doy crédito, la Policía tenía que haber entrado el sábado en el piso. Imagina que te vas de vacaciones y cuando llegas a tu casa de Badajoz está okupada», valora Miguel Valdés, que es presidente local del PP de Mérida.
«Soy un firme defensor de la Policía, pero no puedo entender que estas cosas pasen», afirma.
Con la sorpresa aún en el cuerpo, las familias han buscado rápidamente una vivienda alternativa para que sus hijos puedan asistir al inicio de curso con normalidad. Entre lunes y martes han sentido mucha comprensión por parte de las inmobiliarias de la ciudad, que les han ayudado a encontrar una vivienda cuando la mayoría de los pisos para estudiantes están ya arrendados. «Quiero agradecer el apoyo que hemos encontrado», incide.
Una vez que los jóvenes tienen una alternativa de vivienda y consideran que el propietario se ha portado bien con ellos, es este último quien tiene que afrontar la peor parte. Tiene que conseguir la salida de los okupas del piso. Hasta entonces, le seguirán llegando a su cuenta los recibos de agua y luz.
Miguel Valdés, del PP, asegura que hace ya dos años su partido, Vox y Ciudadanos promovieron una serie de modificaciones legales para agilizar la expulsión de okupas. Recuerda que finalmente no salieron adelante y asegura que tienen derechos, como que «no se les pueden cortar los suministros de luz y agua".
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