El juez ratifica la negativa municipal a autorizar un área de servicio en la A-5

Los promotores pertenecen a la familia Moreno Cuevas a través de la sociedad Seyma Park SL. Están decididos a seguir intentando sacar adelante el proyecto, aunque en el Ayuntamiento lo ven insalvable porque uno de los accesos invade suelo destinado a zonas verdes en el PGM.

La iniciativa se remonta a 2010, cuando los promotores compraron siete hectáreas de terreno por 210.000 euros. Encontraron el primer obstáculo en la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Extremadura, donde no daban el visto a la iniciativa porque el suelo es rústico. Los empresarios acudieron a los juzgados y consiguieron la calificación urbanística por sentencia del TSJEx. Ese permiso le fue otorgado finalmente en 2021 y permite construir exclusivamente este proyecto.

Ahí pretenden invertir 4,6 millones de euros para construir unas instalaciones similares a las del Complejo Leo en Monesterio.

Plantea la creación inicial de 50 empleos en un complejo que contará con una gasolinera, un edificio para lavadero de camiones, tienda de conveniencia, cafetería, restaurante y área de descanso vigilado para 160 camiones. Los conductores dispondrían de un edificio con aseos, duchas, comedor y sala de descanso.

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El proyecto está encallado en Urbanismo municipal desde hace dos años y este ha conseguido que el juzgado de lo Contencioso Número 2 de Badajoz le dé la razón en una sentencia del 24 de julio de este año.

La controversia es muy simple y se debe a que el acceso previsto no se puede autorizar porque atraviesa una zona verde y el PGM lo impide. Además, toda la parcela está rodeada de zonas verdes, por lo que no es posible otra. Los promotores insisten en que en otras zonas de la ciudad se ha permitido invadir áreas destinadas a jardines. En su día se plantearon otras opciones, aunque ninguna salió adelante. La finca tenía en su día un acceso para tractores, pero tampoco es accesible para camiones.

Para la titular del juzgado, no hay duda de que ese acceso previsto no es posible. Aunque advierte que hay tantos expedientes administrativos sobre el proyecto que resulta confuso.

La clave, de todas formas, está en la licencia al proyecto básico concedida por el Urbanismo municipal en junio de 2022 y que los mismos técnicos dejaron en suspenso solo unas semanas después.

Desde el Ayuntamiento indicaron en su momento que la Ley de Carreteras cambió desde que les presentaron el proyecto hasta que lo tramitaron y que no advirtieron esa modificación legal cuando dieron la primera licencia.

En la sentencia, la jueza afirma que la «licencia de obras, es indiscutible, nunca debió haber sido otorgada y que, a la postre, es lo que ha generado una tramitación compleja, unos expedientes tramitados casi simultáneamente y la frustración de un proyecto que habría sido enormemente beneficioso y muy necesario para la ciudad de Badajoz».

«Y decimos que nunca debió haber sido concedida porque la normativa urbanística estatal, autonómica y el planeamiento urbanístico de Badajoz lo impiden porque el acceso al área de descanso pretendía hacerse por una zona que es de dominio público municipal», recoge la jueza. «La licencia de obras vulneraba el Plan General de Badajoz de 2007, que es el vigente y aplicable al supuesto de autos, por lo que nunca debió haberse otorgado».

E insiste: «Una licencia de obras concedida en contra de la normativa urbanística es nula y produce efectos nulos».

Tampoco da la razón a los promotores en que el Ayuntamiento dilató la tramitación. «En el procedimiento de concesión de licencia apenas se invirtieron siete meses» cuando «se tardaron casi cinco años en obtener la calificación urbanística, pero esta dilación no es imputable al Ayuntamiento de Badajoz (es un trámite de la Junta de Extremadura y que consiguieron en los juzgados, como se ha indicado antes)». Tampoco aprecia «desviación de poder en el proceder del Ayuntamiento».

La jueza asegura haber «comprobado que las negociaciones intentadas por las partes para intentar salvar el proyecto y llevar a buen fin la licencia de obras, introduciendo en el proyecto básico ciertas modificaciones que salvaran la legalidad urbanística, devinieron imposibles, lo cual, frustró un proyecto interesante, económicamente potente y de gran envergadura que, qué duda cabe, sería muy importante para la ciudad de Badajoz».

Y también incide en que los promotores no presentaron el proyecto de ejecución en los tres meses siguientes a la concesión de esa primera licencia de obras, por lo que los efectos de esta «habrían quedado extinguidos».

Por todo ello la jueza desestima la demanda de Seyma Park S. L. y le impone las costas de 2.500 euros. Aunque se podía presentar recurso de apelación ante la Audiencia, que es lo que ha hecho la promotora. Esta lo ha admitido en una diligencia con fecha del 19 de septiembre.