La jueza desestima la petición de la Fiscalía y sigue adelante con la citación a Azagra y Gallardo

Así, la instructora no va a anular la citación como imputado de David Azagra (como se le conoce en el mundo de la música) ni la del líder de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero acusados ambos de delitos a la administración pública en la contratación del familiar del presidente.

La pasada semana, la Fiscalía recurrió el auto en el que la jueza cita a declarar como investigados a David Sánchez y a Gallardo, así como a otras siete personas. El motivo de ese recurso, según dejó escrito la Fiscalía, es que esa decisión de la jueza no concretaba los motivos para imputar a ninguno de ellos. «No hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados», indicaba el escrito del Ministerio Fiscal.

Este martes, el hermano del presidente del Gobierno se adhirió a ese recurso de la Fiscalía.

Pero la jueza ha replicado esta mañana de miércoles y sigue adelante con las citaciones, marcadas para los días 9 y 10 de enero. La instructora, a la espera de resolver los problemas de agenda del letrado de David Sánchez con las citaciones, rechaza anular las citas y rebate los reproches de la Fiscalía por haber dado la condición de imputado al hermano del presidente de manera prematura.

En esa línea, Beatriz Biedma insiste en que «en todas y cada una de las resoluciones dictadas por este Juzgado, notificadas a las partes y al Ministerio Fiscal, se han ido determinando detalladamente los hechos investigados y la supuesta participación de los investigados en los mismos».

Además, la titular del juzgado número 3 de Instrucción recuerda a la acusación pública que esas resoluciones «o bien no han sido recurridas, -ninguna de ellas por el Ministerio Fiscal, ni siquiera las que han afectado a derechos fundamentales-, o han sido confirmadas por la Audiencia Provincial, que expresamente ha descartado la existencia de una investigación prospectiva».

En su resolución, la jueza reproduce los documentos en los que considera básico el interrogatorio del músico para esclarecer las gestiones que desembocaron en que Sánchez entrara a trabajar en la Diputación como coordinador de los conservatorios de la ciudad de Badajoz en 2017 y que fuera nombrado posteriormente jefe de la oficina de Artes Escénicas y director del programa Ópera Joven entre 2021 y 2022.

Argumenta también que no se ha causado "ninguna indefensión a los investigados, pues los mismos han tenido y tienen puntual conocimiento de todo lo instruido, pudiendo acceder al procedimiento en su totalidad".

El hermano del presidente del Gobierno no es funcionario ni personal laboral. Tiene un contrato de alta dirección, con carácter eventual. Al proceso para elegir a David Sánchez se presentaron en 2017 otros diez músicos, pero la Diputación eligió al pariente del presidente por la valoración subjetiva de la entrevista.

La investigación supera ya los seis meses después de que la jueza admitiera a trámite una denuncia de la organización Manos Limpias, a la que posteriormente se han ido sumando otras asociaciones y los partidos políticos Vox y PP. Las diligencias entraron en una nueva fase cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregó el informe con el análisis de las quince cuentas de correo corporativas que había intervenido en la Diputación de Badajoz.

La UCO pone de relevancia en su informe que no ha podido identificar la persona que tomó la iniciativa para crear la plaza de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz. Pero también que los dos conservatorios de la ciudad no habían pedido este puesto de trabajo y al menos uno de los directores había indicado por escrito que tenía otras necesidades más urgentes para la escuela de música.

A raíz de ese informe de la Guardia Civil, la jueza llamó a Azagra, a Gallardo y a otros siete políticos y trabajadores de la institución como investigados. Pero no precisaba qué delitos pueden haber cometido ninguno de ellos, a juicio de la fiscal Begoña García. Por eso, esta solicitó la revocación de la resolución judicial y pidió a la jueza que volviera a pronunciarse y determinara los hechos concretos que se imputan al líder de los socialistas extremeños y al resto de los citados a declarar.

Esa es la petición que la jueza ha desoído este miércoles. Y, además, mantiene esas fechas de enero para las declaraciones.