![El juicio del comercial acusado de estafar a un concesionario de Badajoz, suspendido](https://s1.ppllstatics.com/hoy/www/multimedia/2025/01/29/2025_01_27_COCHES_SEGUNDA_MANO-RXzvPbi7n8mugH4nkaY6qFM-1200x840@Hoy.jpg)
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La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido aplazar el juicio que debía sentar en el banquillo este miércoles 29 de enero a un excomercial de un concesionario de vehículos de Badajoz ... que se enfrenta a una pena de seis años de prisión por apropiarse del dinero que entregaron los compradores de una treintena de vehículos, un delito que trató de ocultar confeccionando documentos en los que aparecían las supuestas transferencias bancarias recibidas por el concesionario.
La suspensión ha sido acordada para que las distintas partes personadas en este caso puedan avanzar en las negociaciones que han iniciado para intentar buscar una sentencia que resulte satisfactoria para todos los afectados por este procedimiento.
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Explica el escrito de acusación que el procesado por estos hechos es M.T.C., que en el año 2020 era comercial de una empresa mercantil dedicada a la compraventa de coches con una larga trayectoria tanto en la ciudad de Badajoz como en la de Cáceres.
Fruto de ese trabajo como comercial el procesado realizó a lo largo del año 2020 sucesivas ventas de vehículos, la mayoría de ellas entre los meses de junio de diciembre, coincidiendo con la epidemia de covid que durante varios meses obligó a permanecer confinados en los domicilios y que posteriormente limitó los movimientos de personas.
El problema surgió cuando comenzó a apropiarse de las cantidades que recibía de los profesionales de la compraventa que adquirían automóviles de segunda mano a este concesionario.
Con este modus operandi el día 12 de enero de 2020 facturó un Dacia Daster por un importe de 3.080 euros a un hombre dedicado a la compraventa de vehículos, pero en lugar de entregar el dinero al concesionario se lo apropió para su uso personal.
Hizo lo mismo el 15 de enero, cuando vendió un vehículo Ford Mondeo de segunda mano por 4.500 euros, una cantidad de la que también dispuso en beneficio propio.
Una semana después vendió un vehículo Renault Scenic por un importe de 21.990 euros, pero en lugar de entregar al concesionario la totalidad de esa suma se quedó con 500 euros, una cantidad que justificó confeccionando un documento en el que aparecía una supuesta transferencia a favor del concesionario que en realidad no se hizo.
Un día después vendió otro coche Renault Scenic por 21.900 euros, pero en esta ocasión se quedó también con la totalidad del importe.
Ese tipo de operaciones fraudulentas se fueron repitiendo en los meses posteriores y se hicieron más frecuentes entre los meses de junio y diciembre de 2020. En total fueron unas 30 operaciones en las que se apoderó de la totalidad o de una parte del dinero pagado por los clientes.
Cree la Fiscalía que para intentar ocultar el delito el comercial realizó múltiples documentos en los que imitaba los justificantes que se aportan cuando se realiza una transferencia.
En ellos aparecían pagos recibidos por el concesionario que, en realidad, nunca se realizaron. Para ello imitó justificantes de pago de La Caixa, BBVA y Santander Consumer, razón por la que se le acusa también de un delito continuado de falsificación de documento mercantil.
Del mismo modo, cuando algunos clientes entregaron un vehículo como parte del pago del nuevo coche, el comercial les entregó certificados supuestamente firmados por la jefa de ventas del concesionario para justificar la entrada de esos coches en el parque de vehículos propiedad del concesionario, un engaño que también se descubrió cuando fue investigado su comportamiento.
Entiende el Ministerio Público que los actos delictivos cometidos por este comercial supusieron al concesionario Marcesa Servicios S.A., perjudicado por estos hechos, unas pérdidas totales de 116.238,50 euros, una cantidad con la que deberá indemnizar el comercial a la empresa si es condenado por estos hechos.
La Fiscalía cree que el procesado cometió un delito continuado de apropiación indebida en concurso con un delito continuado de falsificación en documento mercantil y privado, unos hechos para los que solicita una pena de 6 años de prisión y el pago de una multa de 7.400 euros a razón de 20 euros diarios durante 18 meses.
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