El PP saca adelante en solitario la tasa de basura de Badajoz tras rechazar más de 300 alegaciones

Este jueves por la mañana ha tenido lugar la aprobación definitiva de la tasa, que supondrá unos 90 euros al año para todos los ciudadanos y que se calcula en función de una cuota fija igual para todos los contribuyentes que abonen IBI y una variable por los metros cuadrados que tenga el domicilio o local.

Distintos sectores han mostrado su rechazo en las últimas semanas. Entre ellos, Facua, la federación de asociaciones de vecinos Siglo XXI y, por ejemplo, la margen derecha durante las últimas Candelas.

Pero también muchos particulares. De hecho, la tasa ha tenido que ser ratificada en pleno este jueves porque se han presentado más de 300 alegaciones en su periodo de exposición pública.

El Ayuntamiento solo ha aceptado de forma parcial dos alegaciones, que tienen que ver con la petición de un pacense que ha alertado de dos puntos de la ciudad donde no llega la recogida de basuras en la carretera de Almendral a Valverde y en la vía que une Badajoz y Huelva (entre Albuera y Almendral).

En el pleno de este jueves, el alcalde, Ignacio Gragera, ha asegurado que han impulsado la tasa «por responsabilidad» y porque «gobernar conlleva tomar decisiones», aunque él no quería.

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, ya había indicado que este canon nace por imposición de una ley nacional derivada de una directiva europea y se mostró satisfecho de que, tras meses de debate, esta idea haya quedado clara. «Me alegra que todo el mundo esté concienciado de que el presidente del gobierno ha decido que el mejor método era pagar». Ha asegurado que podría haber elegido entre otras 14 opciones que planteaba Bruselas en las que no se obligaba al pago de los ciudadanos.

El concejal socialista Alejandro Mendoza argumentó su negativa al nuevo canon en que el Ayuntamiento podía haberlo calculado en función del valor catastral de cada inmueble en lugar de su extensión. Porque así, dice, una mujer de 80 años que viva en un piso de 115 metros de San Roque o San Fernando pagaría menos tasa que una familia que viva en el centro, en un piso de menos dimensiones, pero que sea más caro y donde, además, generen más basura al tener más habitantes. Ahora, al pagar por los metros cuadrados de los domicilios, la mujer pagará más tasa que la familia.

Mendoza también lamentó que no hayan aprobado bonificaciones para colectivos vulnerables, dado que solo se han autorizado para familias numerosas. Y, además, criticó que el PP no haya contado con colectivos y asociacionespara diseñar la ordenanza que regular la tasa. Esto, ha subrayado, ha provocado las quejas plasmadas en las más de 300 alegaciones. Por todo ello, los socialistas han votado en contra.

Por su parte, el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha cargado contra un canon que se ha decidido en el Parlamento Europeo y que es consecuencia de la agenda 2030, que se traduce en más impuestos a los ciudadanos. «Si esta medida no llega con reducción de impuestos, ustedes aumentan la presión fiscal», ha dicho. Por ello, los dos ediles de Vox también han rechazado la nueva tasa con su voto.

Este otoño, el alcalde planteó la posibilidad de reducir el IBI para compensar este canon, pero finalmente no ha sido así.

El único concejal no adscrito a ningún grupo, Carlos Pérez, ha comparado la tasa de Badajoz con otras ciudades donde los ayuntamientos han decidido tomar como parámetro el consumo de agua por domicilio o ha conllevado bajadas del IBI para equilibrar este pago. «Solo he buscado qué han hecho otras ciudades en Google, como hizo el hermano del señor Sánchez», ha ironizado en referencia a la investigación judicial que analiza el contrato de David Sánchez de la Diputación y en una de las escasas bromas de la mañana.

Pérez ha añadido que, por mucho que los populares insistan en que se trata de una tasa impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez debido a una directiva europea, reportará un dinero al Ayuntamiento que permitirá al Gobierno local cuadrar sus cuentas y atender el coste tanto de los servicios externalizados como el aumento salarial del personal municipal.

El edil de Hacienda, Javier Gijón, ha replicado que Badajoz sigue siendo la cuarta capital de provincial con menor presión fiscal y que, también, este jueves ha aprobado una tasa de basuras con una cuantía inferior a la media.

Tanto Gijón como el alcalde han reprochado al PSOE que vote en contra, cuando es una decisión que viene tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez y por su actuación en la Diputación de Badajoz. Entre los concejales socialistas se sienta el diputado provincial Ricardo Cabezas y varios funcionarios provinciales. En la Diputación, según han insistido desde el PP, se ha establecido un único canon de 134,86 euros a cada vivienda «esté habitada o no».

Los pacenses pagarán entre 69,89 y 106,79 euros por la nueva tasa de basuras, que el Ayuntamiento de Badajoz empezará a cobrar en abril y que el primer año se girará con carácter trimestral. La media será de 90 euros al año. Solo se prevé una bonificación del 50% para familias numerosas, que deberán solicitar esta reducción en las próximas semanas.

También se cobrará por la generación de basura y retirada de residuos por parte del Ayuntamiento a los locales comerciales, donde se aplicará otra tabla. Los recibos más bajos serán los de negocios culturales, edificios singulares y dependencias religiosas con menos de 50 metros cuadrados. Estos abonarán 44,25 euros al año. Y los que más pagarán serán los locales comerciales con más de 400 metros cuadrados, que deberán abonar 1.061 euros.

La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a recaudar una tasa para afrontar el coste íntegro de recoger, tratar y reciclar los residuos que se generan. Los cálculos de Badajoz prevén 9,5 millones de euros de ingresos cada año.

Por otro lado, el pleno ha aprobado la inclusión de tres nuevos ejes en la Agenda Urbana, un documento elaborado el año pasado que, según ha insistido el PSOE, «solo sirve para optar a fondos europeos». Estos han sido la rehabilitación del conventual de la Concepción en la calle San Juan, donde quieren centralizar los servicios de atención al ciudadano; la renovación de la flota de autobuses a vehículos eléctricos; y la incorporación de bicis eléctricas al servicio público de alquiler.