El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, reclamó este viernes al alcalde, Ignacio Gragera, que se sume a los convenios de Viogen. Este es un ... sistema policial centralizado en el Ministerio del Interior y destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en cualquier parte del territorio nacional. Gragera se comprometió a estudiarlo.
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El alcalde rechazó pronunciarse este viernes a mediodía sobre la condena al concejal de Vox Javier Liso por amenazas en el ámbito de la violencia contra la mujer a su pareja emitida esta mañana, sobre las 12.30 horas del mediodía.
El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha firmado una sentencia basada en un acuerdo entre las partes, por lo que el aún concejal reconoce los hechos y no puede recurrir. La pena de 22 días a trabajos en beneficio de la comunidad, a la prohibición de acercarse a la víctima o comunicar con ella por cualquier medio durante 16 meses y a la prohibición de portar armas durante dos años.
El PP envió un comunicado en el que reclama al edil que entregue su acta de concejal en «defensa de la ejemplaridad que debe guiar el comportamiento de los cargos públicos» pasadas las siete y media de la tarde. Su contenido es muy similar a la nota enviada por Vox poco antes de las seis y media. En esta le reclama que presente la dimisión y ponga a disposición del partido su acta.
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El PSOE fue más rápido. Por la mañana reclamó la dimisión de Liso. Defiende que «es inadmisible que siga siendo miembro del Consistorio» y exige la inmediata renuncia a su acta de concejal. De no ser así, pide a su portavoz, Marcelo Amarilla, que lo cese como integrante del grupo municipal «de forma automática y de manera irrevocable».
La víctima, con la que el edil Javier Liso tiene una relación sentimental, denunció al concejal este jueves y fue también el mismo jueves cuando la Policía Nacional detuvo al edil. Según pudo saber HOY, pasó la noche arrestado y este viernes pasó a disposición del juzgado a primera hora de la mañana. Existía una denuncia previa de la misma víctima, pero esta la retiró.
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La mujer presentó una denuncia por malos tratos este jueves consistente en insultos y algunas lesiones leves. Pero finalmente fue condenado por amenazas y no por lesiones. Se dieron también vejaciones, que consisten en un menosprecio grave hacia otra persona. En este caso, su pareja.
El aún concejal no se ha pronunciado y, aunque el PP y su partido le reclamen que se marche del Ayuntamiento, su acta es personal. Por mucho que el partido se la pida, solo el concejal puede dimitir. De hecho, en los últimos dos mandatos ha habido concejales no adscritos por negarse a marcharse tras ser expulsados de sus partidos.
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Javier Liso figuró en la candidatura de este partido al Ayuntamiento de Badajoz en la elecciones del pasado 28 de mayo en el tercer puesto, lo que le valió el escaño. Además, en las últimas elecciones nacionales del 23 de julio, Vox contó con él como tercer candidato de la lista al Congreso de los Diputados. Pero no salió elegido, ya que solo obtuvieron un diputado por la provincia.
De 35 años, Javier Liso es abogado. Desde 2014 es mediador con especialización en Derecho Penal y Civil, actividad que ejerce por su propia cuenta. Se afilió a Vox en 2019 y ha desarrollado cargos ejecutivos estos años en la formación hasta que, tras las elecciones de julio, la dirección reorganizó el partido para retirar a todos aquellos que habían logrado cargos públicos.
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En el caso de que Javier Liso saliera del Ayuntamiento, la siguiente en la candidatura de Vox es la farmacéutica María Jesús Salvatierra Gordillo. Si esta declinara la posibilidad, entraría la arquitecta Rocío Pérez Barroso.
De todas formas, la renuncia no sería inmediata porque debe presentarla a un pleno para que sea efectiva. Es posible que el próximo jueves día 22 se celebre la sesión ordinaria de febrero.
Vox, con solo tres concejales en una corporación de 27, está en la oposición. El PP tiene mayoría absoluta. Esto implica que los ediles de la formación de Abascal no tienen funciones ejecutivas. Su trabajo se limita a controlar la labor de gobierno y plantear iniciativas.
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Sin embargo, la relación entre PP y Vox es más intensa en la Junta de Extremadura, donde forman un gobierno de coalición. La propia presidenta, María Guardiola, es una defensora de los derechos de la mujer y reafirmó su «compromiso firme» de la Junta contra la violencia de género a las puertas de la celebración del pasado 25 de noviembre.
En cambio, Vox se desmarcó de las declaraciones que firmaron las administraciones con motivo de ese día. Como en el Ayuntamiento de Badajoz. Javier Liso y sus compañeros votaron contra la moción promovida contra la violencia de género por la Fempex.
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La propuesta buscaba «reiterar que la tolerancia es cero ante cualquier acción violenta contra las mujeres, independientemente de su intensidad».
Aquel día el portavoz municipal de Vox, Marcelo Amarilla, dijo: «Nunca hemos negado la violencia contra la mujer y que se puede luchar de otra manera, pero el método que se ha usado hasta ahora no ha servido. El sistema no funciona y hay que cambiarlo. Por muchas declaraciones y propaganda que hagan, [la violencia de género] no ha cambiado. Y además está el aumento de inmigración masiva, de gente con una mentalidad distinta a la nuestra y que no respeta a las mujeres», afirmó Amarilla aquel día.
La violencia de género es uno de los caballos de batalla de Vox, que quiere abrir un debate sobre la violencia intrafamiliar y que todos los delitos con violencia en las relaciones familiares se juzguen de la misma manera.
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