Una rotonda con los días contados en la Dehesilla

Los vecinos de la Dehesilla del Calamón tendrán que demoler una rotonda construida sin licencia y pagar 18.667 euros por haberla creado.

Urbanismo llevó los dos expedientes paralelos, el de restitución de la legalidad (devolver el espacio a su estado original) y el sancionador, al último pleno. Una vez que se ratifiquen las actas, los vecinos recibirán las notificaciones, tendrán que pagar la multa y contratar las obras de derribo.

Pero no están dispuestos a ello. Así que el abogado Luis Díaz Ambrona anuncia que, una vez que tenga notificación de la decisión municipal, acudirán a los juzgados de lo Contencioso para conservar la glorieta.

El asunto se remonta a 2018. Entonces, un vecino de la urbanización denunció la construcción de esa glorieta en la intersección de la calle tercera con la avenida sexta. Para hacerla, los vecinos de las parcelas colindantes cedieron suelo, la comunidad de propietarios ensanchó el vial y construyó la rotonda.

La Policía Local comprobó el testimonio del vecino y firmó otra denuncia. Estas dos denuncias dieron origen a los expedientes sancionadores aprobados por todos los ediles en octubre, salvo el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que suele votar en contra de todos los expedientes sancionadores urbanísticos porque considera las multas demasiado altas.

Igual opina el abogado Luis Díaz Ambrona, que califica la sanción de 18.667 euros de «desproporcionada». Díaz Ambrona considera que los vecinos hicieron una obra menor por el importe de la actuación, que valora en 6.000 euros, y admite que debieron haberla comunicado como tal al Ayuntamiento. Pero no lo hicieron.

En ningún caso cree que esa glorieta pueda considerarse una obra que requiera licencia porque es muy pequeña y de un coste bajo. Además, afecta a dos viales que son propiedad privada (de los vecinos), «no molesta a nadie» y, sobre todo, la hicieron para evitar accidentes de tráfico. «Desde hace tres años, no han vuelto a repetirse los accidentes. Es una actuación que mejora la seguridad vial». Si ahora tuvieran que eliminar esa glorieta, los frenazos y choques volverán a este cruce. Con todos esos argumentos, Díaz Ambrona llevará el caso a la vía contenciosa.

Para el Ayuntamiento, sin embargo, se trata de una obra de urbanización en toda regla hecha sin licencia y a espaldas de las normas. Así que impone la sanción y las obras de demolición a la comunidad. El concejal de Urbanismo es Carlos Urueña, quien señala que han considerado la infracción como grave. Pero podría haber sido más cuantiosa si se hubieran ido al extremo de estas sanciones, que está en 50.000 euros. O si incluso la hubieran considerado muy grave, que tendría cabida. En tal caso, se dispara hasta 150.000 euros. De todas formas, la multa se puede reducir a la mitad si los propietarios demuestran al Ayuntamiento la intención de reparar los daños. El concejal de Urbanismo no da marcha atrás y es tajante: «No pueden hacer una obra de urbanización en esta urbanización».

El motivo de fondo es que la Dehesilla del Calamón es una de las 21 urbanizaciones consideradas núcleo urbano secundario (NUS) que se encuentra en una situación alegal. Desde 2007, el Ayuntamiento no concede licencias de obras porque el Plan General Municipal (PGM) obliga a todas estas urbanizaciones a regularizar la situación, para lo que deben presentar planes parciales y programas de ejecución. Sin este último documento no pueden realizar obras de urbanización, como una rotonda.

El suelo en el que se desarrolla la Dehesilla del Calamón es suelo urbano no consolidado. Sus propietarios no han iniciado los trámites urbanísticos para regularizar la situación. Quienes llevan ya bastante tiempo metidos en trámites son los vecinos de Campomanes, cuyos esfuerzos marcarán la senda al resto de núcleos vecinales si logran la regularización. El edil de Urbanismo, Carlos Urueña, los pone como ejemplo.

De todas formas, la solución no es fácil ni rápida. El Ayuntamiento contrató hace tiempo a una asesoría para que marcara una hoja de ruta. Pero no avanza. Después confió en la nueva Ley de Urbanismo, la Lotus, y su artículo 71 para declarar todas estas urbanizaciones como «asentamientos en suelo rústico». Pero Urueña considera que no pueden acogerse a esta figura porque el suelo es urbano no consolidado, no rústico. «El problema es que ese artículo no está pensado para Badajoz porque habla de construcciones ilegales y estas no lo son». Cree que la única salida está en una modificación del PGM y cambiar la calificación de todo el suelo a rústico para acogerse al artículo 71.

Hay otro problema más y es que la regularización tiene un coste para los vecinos. Por un lado, deben contratar a técnicos que redacten los planes y realicen los planos. Por otro, deben ceder suelo para crear zonas verdes y hacer viales con las medidas establecidas, entre otras cosas. Además, tienen que engancharse a las redes de saneamiento de aguas y no verter en fosas sépticas. Y todo eso se traduce en un dinero relevante que los vecinos se resisten a asumir.

La rotonda de la Dehesilla del Calamón es un ejemplo de que la realidad va por un lado y las normas por otro. «Esto es absurdo y va a ser el pan nuestro de cada día en los NUS», advierte el veterano abogado Luis Díaz Ambrona.

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