Tubasa, entre la auditoría y el déficit

Esta es la última guerra entre el Ayuntamiento y la concesionaria, que están enfrentados en los juzgados de lo Contencioso por el reconocimiento del déficit en tres pleitos distintos pendientes de resolución.

El problema de fondo es muy simple. Los ayuntamientos de municipios con más de 50.000 habitantes están obligados a prestar el servicio público y el Gobierno les da una subvención, pero esta es muy reducida en comparación con el déficit que genera. En 2020, la ciudad recibió 500.000 euros para ello. Por eso, los ayuntamientos pagan esa diferencia.

Para hacerse una idea, la previsión del desequilibrio aprobada en Badajoz para 2022 asciende a 7,7 millones de euros.

El Ayuntamiento ha pagado el déficit sin discusiones, bajo la supervisión de los técnicos municipales, hasta 2018 incluido. Pero la paulatina sustitución de la flota de vehículos de gasoil a otros eléctricos, que son mucho más caros, y la última ampliación del contrato hasta el límite máximo legal en 2037 para comprar nuevos buses eléctricos tensó el ambiente entre la concesionaria y los funcionarios que supervisan los datos. En 2008 la ciudad pagó 4,4 millones, pero en 2020 disparó las pérdidas a 6,4 millones de euros.

De hecho, la Intervención recurrió a una auditoría externa para examinar los números de 2020. El Ayuntamiento acaba de sacar a concurso el contrato de una nueva auditoría para examinar las cuentas de 2021. El Consistorio abonó las facturas de 610.000 euros al mes presentadas al Ayuntamiento hasta noviembre incluido, pero dejó la liquidación de diciembre pendiente hasta tener claro que los números son los correctos. Se le adeuda 650.000 euros. En todo este tiempo, la empresa ha abonado las nóminas a los trabajadores y ha mantenido líneas y frecuencias.

La empresa que logre la auditoría tendrá que examinar las cuentas en cuatro semanas y, entre los datos, debe supervisar los gastos de personal.

Las condiciones del convenio que reclaman ahora los trabajadores supone un aumento del salario en un 2%, como los funcionarios públicos, más el reconocimiento del IPC. Es este último aspecto el que rechaza el Ayuntamiento. Están dispuestos a reconocer, según han apuntado diversas fuentes a HOY, el mismo incremento que a los trabajadores públicos, pero no el IPC que, además, está desbocado.

La autorización del Ayuntamiento es fundamental porque, a la postre, supone un incremento del coste del servicio y, con ello, del déficit que la ciudad tendrá que abonar cuando acabe el año. Igual ocurrirá con el incremento del coste del carburante, aunque el Ayuntamiento y la concesionaria están poniendo mucho empeño en renovar la flota y adquirir buses eléctricos.

Mientras los costes suben, los viajeros bajan. En 2019 contaron 5.737.092 viajes, el confinamiento de 2020 los redujo a la mitad y no se han recuperado todos. En este 2022 falta aún un 38% de viajeros para llegar a los datos preconfinamiento.

A todo esto se une que el viajero solo paga la mitad del coste del viaje con su billete. Esa es la media. Por cada viajero que paga el billete univiaje de 1,20 euros, hay otros que pican su bonobus (0,65 cada desplazamiento) y otros que pagan aún menos (jubilados, 0,50 euros; estudiantes, 0,40 euros) y los tres euros al mes de la tarjeta para desempleados sin límite. La última vez que se subió el billete fue en 2014.

Badajoz cuenta, además, con un término municipal muy extenso. En los últimos años se ha implantado una línea que une Cerro Gordo con El Faro, más los viajes a poblados y urbanizaciones.

El contrato data de 1987. En época de Manolo Rojas la ciudad adjudicó la concesión a esta empresa del Grupo Ruiz. Con el PP en el Consistorio ese contrato se ha ampliado en dos ocasiones y alcanza el límite de los 50 años. La ciudad está atada a Tubasa hasta 2037.