La UCO se lleva los correos de ocho empleados y políticos además de los de David Azagra

Los agentes se llevaron una copia de las comunicaciones de esas nueve personas realizadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. David Azagra, como se conoce artísticamente al músico, firmó el contrato a mediados del 2017, pero la plaza de coordinador de los conservatorios se convocó un año antes.

Azagra es una de las personas que acudió a la llamada de los agentes para entregar su cuenta de correo. Entró en este edificio noble sobre las 10.20 horas. Bajó la calle del Obispo con paso calmado, tranquilo y saludó a las personas que se encontraban junto a la puerta de la institución. Su despacho actual se encuentra en la Plaza de España, muy próximo, y recorrió la distancia a pie. La UCO no acudió a esa oficina.

Las nuevas personas de cuyos correos corporativos se han llevado copia aparecen en la documentación remitida por la institución al juzgado, pero en su mayoría no aparecen como investigados en la causa. En algunos casos son trabajadores que firman los informes remitidos al juzgado. Han citado a algunos políticos que ya no son diputados, como Cristina Núñez, que era la diputada de Cultura cuando seleccionaron a Azagra y descartaron a otros músicos. Núñez se marchó en 2018 de la institución. Pero, en cambio, no está el actual diputado, Ricardo Cabezas, en la relación.

Los agentes actuaron por una diligencia de una pieza separada de la investigación principal. El juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz investiga la denuncia de Manos Limpias contra Azagra, el presidente provincial y un empleado de la institución. A raíz de esta denuncia, la jueza ha abierto diligencias de investigación por posibles delitos de contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. En su posterior querella la organización excluyó a Gallardo y al empleado provincial, y en su lugar pide que sean investigados los superiores jerárquicos del hermano del presidente, sin especificar nombres concretos.

David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, tiene un contrato de alta dirección desde 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios. Puso en marcha el programa Ópera Joven y entonces el puesto pasó a llamarse responsable de la Oficina de Artes Escénicas. Los detalles de esos contratos están bajo la lupa judicial.

Cinco agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil examinaron los ordenadores de los implicados como parte de las diligencias que, como se ha indicado antes, forman parte de una pieza separada abierta por la magistrada para evitar que se filtre el contenido de unas pesquisas que considera claves. Por esta razón ha decretado el secreto de sumario. Hasta que no lo levante, no se conocerá el detalle de la actuación.

Los agentes de la UCO llegaron al edificio noble de la institución, el dedicado a la Presidencia donde antiguamente estaba el instituto Bárbara de Braganza, sobre las ocho y media de la mañana.

Los trabajadores públicos no sabían que acudirían, pero sí que conocían la diligencia judicial que ordenaba a esta unidad de la Policía Judicial investigar en la Diputación.

En primer lugar acudieron al despacho de la responsable de Recursos Humanos y, posteriormente, habilitaron como oficina de trabajo la sala Felipe Trigo, que los trabajadores de la casa conocen como 'biblioteca'.Se encuentra en la planta baja, en una zona próxima a la calle del Obispo. En algunos momentos cortaron el acceso al pasillo y colocaron algunas protecciones en los cristales para evitar ser vistos. Los agentes permanecieron en la sede central de la Diputación durante unas cuatro horas y volcaron información de los ordenadores, un proceso en el que estuvieron presentes dos funcionarios del área de informática.

La institución funciona con un sistema similar a una nube, en el que cada uno accede con su clave y la documentación se encuentra en un servidor.

Los agentes facilitaron una lista con las nueve personas de cuyos correos electrónicos querían extraer una copia de siete años. Trabajadores de la institución les llamaron para que acudieran a la sede. Algunos no acudieron dado que, al no ser diputados actualmente, se encontraban en sus municipios de residencia. Quienes sí acudieron a la cita escucharon la lectura del auto, de varias páginas, por parte de los guardias civiles.

Una de las personas que atendió a los agentes fue Francisco Mendoza.Quien fuera delegado del Gobierno enExtremadura hasta diciembre es el letrado del gabinete de Asuntos Judiciales, funcionario de la institución, y es la persona que se ocupa del proceso dentro de la Diputación.

Durante la mañana, dos de los agentes salieron del edificio para recoger una maleta tipo trolley. Minutos antes de las dos menos cuarto, salieron primero estas dos personas acarreando esa maleta, dos mochilas y una bolsa de ordenador portátil. Minutos después, dejaba el edificio otro grupo formado por dos hombres y una mujer. Iban más ligeros.

Mientras los primeros acapararon toda la atención de los medios, y a los que algunas fuentes identifican como informáticos, los otros tres pasaron más desapercibidos. Todos se dirigieron al aparcamiento de SanAtón.

La Diputación de Badajoz mostró este miércoles su «total predisposición» a colaborar con las autoridades policiales sin realizar más declaraciones sobre el caso.Aunque fuentes de la institución llevan semanas repitiendo que han remitido a la jueza toda la información que se les ha solicitado. Entre ella, el contrato de Azagra, informes con las actividades desarrolladas y todo el contenido de una comisión para investigar este caso políticamente. Sus conclusiones se leyeron en un pleno hace varias semanas. La más dstacada es que Azagra tributa la renta como no residente en España por vivir formalmente en Elvas.

A pesar de toda esa documentación, la instructora sigue dando pasos para aclarar todos los extremos de la denuncia.

De hecho, el pasado jueves se tuvo conocimiento de los movimientos que estaba dando la instructora del caso al darse a conocer las peticiones que realizaba en un auto del 18 de junio. Se supo que había solicitado más información a Hacienda sobre el hermano de Pedro Sánchez y envió un escrito a la UCO con el objetivo de que «proceda a la investigación de los hechos denunciados», para lo cual, se le remite copia de la denuncia presentada contra el hermano de Pedro Sánchez, y de la documentación remitida por la Diputación de Badajoz.

La denuncia de Manos Limpias, basada solo en artículos de prensa, también vincula la residencia de Azagra en Elvas con la trama Koldo y en concreto con empresas que Víctor de Aldama tiene radicadas en la localidad portuguesa; esto se liga a un supuesto incremento del patrimonio del hermano del presidente del Gobierno.