El edificio maldito de Mejostilla

Se llama Residencial López de Vega pero de seguir así las cosas acabará siendo conocido como el edificio maldito de la Mejostilla. En la acera de los impares de la calle Juan Ramón Jiménez se suceden las malas noticias para los 48 residentes del bloque que puso en marcha Procasa (del grupo Provivesa). Hace meses se derrumbó parte de un local. En febrero se vino abajo la fachada lateral y ello supuso que cuatro familias tuviesen que abandonar sus casas. Ayer, a primera hora, un escape de gas provocó la alarma general. Poco después, a la hora de la comida, tres familias recibieron la comunicación oficial de que tenían que irse de sus viviendas por seguridad. La noche anterior, en una asamblea vecinal, ya tuvieron conocimiento de que había muchas posibilidades de que la medida preventiva se hiciera efectiva a lo largo del día de ayer.

«Los resultados de las catas que han realizado son demoledores. El ladrillo no encaja en el forjado. Han hecho una chapuza». El relato de José Martín es el de un padre afectado por los problemas que sacuden a su hija. Laura vive en el segundo A, trabaja en la Universidad y en las últimas horas ha encontrado el apoyo de su familia, que ha venido desde Cabezuela del Valle, para tenerlo todo preparado en el 'exilio' de «al menos cuatro meses» que le espera. «Si hasta tenemos grietas en dormitorios y salón», espeta mientras muestra con el dedo la evidencia de unos desperfectos que son un quebradero de cabeza.

Laura y su pareja, Jesús Moreno, se irán a vivir de alquiler. Al igual que hará más adelante Javier López, que de momento se traslada con sus padres. Antes de las nueve de la mañana ya cargaba bultos de ropa y comida en su coche. «Esto va para largo. Nos dicen que hay que reforzar el lateral y además reconstruir la fachada. No se ha caído como s e cayó la otra por estar orientada hacia el este, y más protegida», lamenta.

Tenía previsto irse unos días de vacaciones pero el desenlace de los acontecimientos cambia todos los planes. «Es una faena grande. Tienes toda la ilusión puesta en tu casa y te encuentras con este panorama», refrenda. «¿Qué voy a hacer?», se pregunta con tono seco y entristecido Alejandro García, mientras pasea por los jardines junto a su perro. Su piso, el tercero de la letra A, también queda precintado. La comunidad añadirá dos anexos al contencioso judicial que mantiene con Procasa, uno por el derrumbe del pasado 9 de febrero y otro por los nuevos desalojos.

El Consistorio argumenta que las medidas pretenden «garantizar la seguridad de los vecinos». Además de las tres viviendas, se ordena el precinto del local de la planta baja, así como el sótano y dos trasteros. Los residentes estaban especialmente indignados ayer al comprobar como unos operarios, supuestamente vinculados a Procasa, retiraron enseres de uno de los bajos horas antes del desalojo.

La concejala de Urbanismo, Eugenia García, contactó con los afectados y destaca su «diligencia y colaboración» en el proceso. Un proceso cuyo coste se dispara. La última estimación, según los residentes, rondaba los 100.000 euros. Ahora aumenta. La factura puede ser de 4.000 euros por familia. Han aprobado cinco cuotas de 150 euros. Ya saben que no será suficiente.

La constructora Abreu se ocupa de la reparación de la fachada que se hundió y de las terrazas. «Aquí vivimos en tensión permanente. A veces, me despierto entre noche sobresaltado, como si hubiese pasado algo», se sincera Carlos Fernández. Este vecino presume de que no había discutido nunca con su mujer hasta que el edificio maldito de Mejostilla se metió en sus vidas.