Alcoresa se rebela por el 'caso Wok'

La comunidad de propietarios del edificio Alcoresa, en el 52 de la avenida de Alemania, está que trina. El pasado 16 de mayo la Policía Local se presentó en sus casas. Los agentes llevaban entre sus manos una resolución de la alcaldesa en la que se les informaba de una próxima visita del arquitecto adjudicatario «para acometer los trabajos necesarios» que requiere el bloque. La historia viene de lejos. Nada menos que de una aciaga tarde del 11 de abril de 2012, cuando se hundió el techo del restaurante Wok, ubicado en la misma manzana.

Los vecinos esperaban el lunes 2 de junio la llegada del técnico. Y ésta se produjo, como informó HOY, alrededor de mediodía. Cumplieron su palabra y no le dejaron entrar. Ni a él ni al colaborador que le acompañaba. No lo harán si no es con una orden judicial por medio, avisan. El 'caso Wok', que también se ve en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, rebela a los vecinos contra el Consistorio.

La comunicación que les hizo llegar la Policía Local indica que el arquitecto acudió el pasado lunes para la «legalización de las obras, y que consisten -se indica de forma textual- en el refuerzo de los forjados de separación de viviendas». La negativa a permitir la entrada del arquitecto adjudicatario, Eleuterio Sánchez Vaca, implica la posibilidad para el Ayuntamiento de «solicitar la correspondiente autorización judicial de entrada», se deja constancia. El Consistorio ordenó la ejecución subsidiaria de las obras que faltaban en el local siniestrado así como la legalización de las ya realizadas.

Sánchez Vaca ganó el concurso de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución. Para poder realizar su labor necesita entrar en cuatro pisos: tres de la séptima planta, letras B, C y D, y uno de la octava, letra A. No lo consiguió el lunes, pero tampoco lo logró en octubre. El 29 de ese mes presentó un escrito en el Consistorio en el que pone de manifiesto que «tras varias llamadas a dichas viviendas no se obtuvo respuesta alguna».

La escena se volvió a repetir el lunes 2 de junio. Su entrada a Alcoresa fue misión imposible. Incluso hubo algún vecino que se dio la vuelta al observar su presencia en el portal. La misma situación vivieron los operarios de Olivera 2009, la primera constructora adjudicataria de los trabajos y que, a la vista de la polémica entre vecinos y Administración, optó por presentar la renuncia. Esa actuación ha sido de nuevo adjudicada, esta vez, a la firma Trazo. Mediante otra resolución, esta vez publicada el viernes en el BOP, el Ayuntamiento ordena a los propietarios que permitan entrar a la empresa a sus domicilios. En este caso son 25 viviendas afectadas.

Malestar

«Ante la negativa de los vecinos a permitir el acceso a sus viviendas y ante la urgente necesidad de acometer la legalización de las obras por motivos de seguridad». Es una de las explicaciones que se ofrecen en la primera notificación que se entregó a los residentes. Pero llueve sobre mojado. También en lo que respecta al edicto que les trasladó el Consistorio a través del boletín oficial. «No va a entrar nadie si no es porque lo dice el juez. El Ayuntamiento quiere amedrentarnos», protesta un portavoz de la comunidad que da muestras del enorme malestar existente.

Los inquilinos se basan en otros informes técnicos, distintos de los municipales, que consideran innecesarias esas obras. Unas obras que, por otra parte, les han supuesto un verdadero dolor de cabeza. Ya se las han cobrado. El viernes 17 de enero abonaron 32.786 euros a través de CajaSur para evitar un embargo del Organismo Autónomo de Recaudación. Hay más pagos. 5.203 euros, 9.900, 2.050...

«Nos han quitado 48.000 euros por las buenas», se queja un afectado. Explica que han tenido que tirar de ahorros, de la ayuda de padres o hijos y que en muchos casos son familias sin recursos, jubilados y parados entre ellos.

La versión la corrobora el administrador de la comunidad. Luis Regañas presentó en el registro municipal un escrito en el que los vecinos comunicaban que habían agotado su capacidad económica. La publicación del pasado viernes en el BOP no les ha cogido por sorpresa. Creen que de una forma u otra les quieren meter el miedo en el cuerpo, pero su planteamiento se mantiene. Una vez que el juez se pronuncie, ellos se limitarán a acatar su decisión. A fin de cuentas, dicen, ya han pagado por anticipado. Mientras tanto, la puerta de sus casas seguirá cerrada tanto para el arquitecto como para la constructora.

El Ayuntamiento se ha encontrado en estos meses con una dificultad añadida: la empresa que debía llevar a cabo la obra presentó su renuncia. «Preferimos no tener problemas», justificaron desde Olivera 2009. En principio, no estaba claro que pudiese hacerlo y renunciar a ese compromiso. Finalmente, el proyecto se volvió a adjudicar a una nueva sociedad el 24 de abril. La última orden de Alcaldía insta a que los residentes abran sus puertas a los operarios «ante la urgente necesidad de acometer las obras por motivos de seguridad».

El Ayuntamiento se basa en informes de sus servicios de Urbanismo: «Los forjados del edificio presentan un escaso coeficiente de seguridad». Por esa razón, se precisa entrar a cuatro viviendas por planta, entre la primera y la sexta, y una más en la séptima y acometer unas obras que «consisten en el refuerzo de todos los vanos de viguetas». Sin necesidad de desalojar a los residentes, matiza el edicto municipal publicado. Son «intervenciones puntuales», necesarias para garantizar la seguridad. Las familias están tranquilas, pero indignadas. La rebelión de Alcoresa deja en manos del juez cualquier futuro movimiento.

viviendas del número 52 del edificio Alcoresa figuran en la resolució que aparece en el BOP. En la anterior eran 4. Los residentes han llevado el caso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Su abogado, Francisco Lancho, pidió la comparencia del arquitecto que hizo el proyecto para reforzar la primera y la última planta y que sostiene que no existen riesgos.