El término municipal de Cáceres tiene ocho núcleos de viviendas ilegales

Son viviendas o parcelaciones ilegales porque están en suelos no urbanizables y la mayor parte de ellos incluso tienen algún tipo de protección. El término municipal de Cáceres, el más extenso de España, cuenta con al menos ocho núcleos localizados con edificaciones levantadas al margen de la normativa urbanística. Algunos son tan conocidos como el de la carretera de Badajoz (Mayoralguillo) y el de la carretera de Medellín, en el cruce de Sierra de Fuentes (El Collado).

Como en muchas ciudades de la región y del resto del país, en la capital cacereña se han formado a lo largo de los años núcleos de viviendas en terrenos donde, por la normativa urbanística, no se puede construir ni reparcelar. Son suelos calificados en el Plan General Municipal, PGM, como suelos no urbanizables. Además, gran parte de esos núcleos de segundas residencias están en zonas de especial protección, zepas, de los LLanos de Cáceres o de aves. Es el caso, por ejemplo de El Collado, en la carretera de Medellín, en el cruce de Sierra de Fuentes.

Sobre los terrenos protegidos por la Zepa cabe señalar que estas zonas ocupan la mayor parte del término municipal la capital cacereña, el más grande de España, tan extenso como toda la provincia de Guipúzcoa. De las 170.000 hectáreas del término de Cáceres (1.700 kilómetros cuadrados), unas 120.000 están dentro de la Zepa.

Los núcleos que han ido consolidándose con el paso de los años están distribuidos por distintas zonas, más o menos alejadas del caso urbano. El más próximo es el de la umbría de la Montaña y está localizado en el denominado camino de Valdeflores. Precisamente, la Montaña ha sido el paraje natural donde primero se han construido casas de manera descontrolada, desde los años 60, aunque con el paso del tiempo muchas de las edificaciones, que constituyen segundas residencias en su inmensa mayoría, han acabado amparadas en el planeamiento urbanístico. En la carretera de Badajoz, en varios puntos kilométricos, es donde se localizan más enclaves ilegales, en concreto tres. En el kilómetro 10 hay dos, Mayoralguillo y Carretona de Salor, y en el 17, el Becerro. Cerca del término municipal de Aliseda, en plena Sierra de San Pedr está Monte Almeida. Junto al barrio de la estación Arroyo-Malpartida está Las Higueras. En la carretera de Medellín, en el cruce de Sierra de Fuentes, en el kilómetro 10, está el paraje El Collado, otro de los núcleos con más casas. En la carretera de Mérida, la N-630, también hay parcelaciones y casas ilegales en el cerro Arrope y el Pradillo, frente al Cefot.

Es difícil precisar el número de viviendas ilegales que suman estos ocho núcleos, algunos de ellos con más de 50 casas, con lo que se puede estimar en varios centenares. La proliferación de estos enclaves han sido objeto de denuncias a lo largo de los años, al menos desde finales de los 90, no sólo por ecologistas sino también desde el propio Ayuntamiento, además del Seprona y la Fiscalía, pero sólo en contadas ocasiones la denuncias han acabado en condenas judiciales, por la vía penal, a los constructores o propietarios. La mayor parte de las veces ni siquiera han prosperado judicialmente los expedientes administrativos abiertos por el Ayuntamiento con la pretensión final de poder ejecutar órdenes de derribo de lo ilegalmente construido. Se pueden contar con los dedos de la mano las casas ilegales derribadas o las propietarios o constructores condenados en los tribunales.

Mayoralguillo

De hecho, en el caso de Mayoralguillo, en la carretera de Badajoz, los expedientes de disciplina urbanística se remontan a 1998, con órdenes de derribo aprobadas en el pleno municipal de noviembre de aquel año contra una treintena de casas. Fueron objeto de denuncia por la vía penal, presentada por la asociación conservacionista Adenex, y el Ayuntamiento aportó a la Fiscalía en el año 2000 todos los datos sobre las características de este enclave, pero al final, en febrero de 2001, el juzgado de instrucción número 4 decidió archivar el procedimiento al considerar que no había un delito contra la ordenación del territorio.

Sin embargo, en otros casos individuales, sí se han producido condenas con posterioridad. En 2007, los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento en su expediente de derribo de una casa ilegal en Mayoralguillo. Por la vía penal llegaron las primeras condenas en 2010. El propietario de un terreno fue condenado a ocho meses por edificarse una casa y en 2012 otras tres personas fueron igualmente condenadas a prisión, nueve meses de reclusión, por construir ilegalmente en este mismo enclave. En 2012 también fue condenado el dueño de un terreno de El Collado por edificar una casa en 2011, cuyas obras fueron precintadas por el Ayuntamiento en 2009.

En cambio, dos acusados de estar haciendo obras para edificar una vivienda en este mismo paraje de El Collado fueron absueltos en 2013 por estimar el juzgado de la Penal número 2 de Cáceres que no había mala fe y que los encausados desconocían que era ilegal edificar allí a la vista de que había otras casas en la zona.