Abogados Cristianos denuncia de nuevo al expresidente de la Diputación de Cáceres

En concreto, Carlos Carlos está citado a declarar como investigado el próximo día 9 de noviembre a las 11,15 horas, según informa Abogados Cristianos en nota de prensa.

Esta organización ultracatólica interpuso una denuncia contra Carlos por un posible delito de prevaricación en la adjudicación de contratos a la empresa constructora OCR, a la que, según afirma, encargó la retirada de la cruz de los caídos de Barrado, entre otras. La fundación no descarta ampliar la denuncia, puesto que considera que Carlos podría haber incurrido además en los delitos de tráfico de influencias y malversación.

Abogados Cristianos asegura que, desde 2021, OCR ha recibido por parte de la Diputación de Cáceres 14 contratos públicos valorados en 2,2 millones de euros. Además, afirma que fue adjudicataria también de un contrato por parte del Ayuntamiento de Calzadilla, donde Carlos Carlos es alcalde, por más de 400.000 euros.

El expresidente provincial dijo este jueves en declaraciones a HOY que no ha recibido de momento ninguna notificación para ir a declarar, por lo que no se pronunció sobre las nuevas acusaciones de la organización.

Esta no es la primera denuncia de Abogados Cristianos contra Carlos Carlos. En junio del año pasado un juzgado de Cáceres archivó otra en la que le acusaba de prevaricación y de un delito de odio por amenazar a alcaldes con retirarles subvenciones de la Diputación si no eliminaban las cruces de los caídos de sus municipios. Tras escuchar a los cinco alcaldes que fueron citados a declarar y que negaron esas presiones, el juez archivó la causa. Esos alcaldes fueron el de Cáceres, Luis Salaya, y los regidores de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado.

El citado colectivo denunció que el presidente provincial presionó a alcaldes cacereños asegurándoles que no recibirían subvenciones si no quitaban cruces colocadas durante la dictadura de Franco. El órgano judicial de primera instancia archivó el caso al no encontrar acreditados los hechos denunciados, pero, tras un recurso de Abogados Cristianos, la Audiencia Provincial ordenó la reapertura y la toma de declaración a los alcaldes, que concluyó con otro sobreseimiento.