La acusación particular pide siete años de cárcel para el alcalde y un edil de Villanueva de la Sierra

El alcalde y el concejal de obras de esta localidad de la Sierra de Gata ordenaron el 18 de junio de 2020, a operarios del Ayuntamiento, que realizaran un muro de unos 15 metros de largo y alrededor de un metro de alto para desviar las aguas de la lluvia.

El muro afectaba a la entrada de una finca, asegurando el propietario que con el muro, que sigue construido, ya no puede entrar en su finca con el coche. Él fue quien avisó a la Guardia Civil y a la Confederación Hidrográfica del Tajo ya que el muro se realizó en la zona de servidumbre y de policía del Arroyo de Los Lagares.

Acudió al Ayuntamiento un funcionario de la Confederación del Tajo que señaló que había que retirar lo construido. El 19 de junio de 2020 el funcionario de la Confederación vio que la obra seguía igual, y que además habían echado otra capa de cemento para reforzarla, por lo que formuló la denuncia.

El 18 de agosto de 2020 el alcalde solicitó autorización de ejecución de obras y construcciones, en zona de policía de cauces para la construcción del muro, siendo legalizada la obra por medio de resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El fiscal ha considerado este jueves que el alcalde y el concejal cometieron una infracción de la normativa urbanística, solicitando para cada uno de ellos seis meses de prisión.

Mayor pena pide la acusación particular, que representa al propietario de la finca que se siente perjudicado por la construcción del muro. Le representa el abogado Luis Miguel Parro, que señala que el muro se levantó, sobre todo, para evitar que el agua perjudicara a la finca propiedad de la mujer del concejal de obras acusado. Asegura este letrado que el alcalde y el concejal cometieron un delito de prevaricación urbanística y otro de coacciones, solicitando para cada uno de los procesados siete años de prisión, 18 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, y pagar una multa de 14.400 euros. También pide que el Ayuntamiento haga frente a una multa de 10.000 euros.

La abogada de la Diputación de Cáceres que representa a los acusados pide la absolución.

El juicio ha quedado este jueves visto para sentencia.