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La larga tramitación del proyecto de aeródromo de uso restringido da un paso más. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ya ha recibido el documento actualizado del estudio de impacto ambiental. El texto se remitió en julio pero AESA «requirió una subsanación» en octubre ... a la Junta, que tenía un plazo de tres meses. La envió en diciembre.
La generación de empleo es uno de los factores positivos que se mencionan en el estudio. Serían entre 90 y 120 durante la fase de construcción. A ellos habría que añadir entre 20 y 30 en la fase de explotación, directos e indirectos. Se prevén movimientos de cuatro o cinco aeronaves por día, con picos máximos de hasta 15 los fines de semana si las condiciones climatológicas son favorables. Son unas 2.500 operaciones anuales. No obstante, se proponen aviones de pequeño tamaño, «que no superen los 5.000 kilogramos» en el despegue. Por lo que se descartan aeronaves grandes que se dediquen al transporte de pasajeros.
El estudio, que debe servir de base para lograr las autorizaciones pertinentes, incluida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) consta de más de 300 páginas y ha sido redactado por Geprecon, una consultora con sede en Valladolid. La suya fue una de las 17 ofertas recibidas. Se adjudicó un contrato de 29.133 euros para dar respuesta y soluciones a las dudas generadas por una iniciativa que se presentó en 2014 y llegó a cuantificarse con una inversión inicial de 4,4 millones.
El proyecto afronta a partir de aquí un proceso de información pública. La Consejería de Movilidad remarca que, tras el mismo, la AESA deberá «remitirlo al órgano ambiental junto con las alegaciones recibidas». Se trata de un organismo dependiente del Ministerio de Movilidad. Su principal cometido es velar para que se cumplan las normas de aviación civil la actividad aeronáutica.
Es el primer gran paso después del parón sufrido en 2015. Entonces, Transición Ecológica zanjó que el procedimiento no se hizo de forma correcta y se requería un estudio ambiental completo. Ese documento ya está. Lo firman siete técnicos: cuatro especialistas en Ciencias Ambientales, un ingeniero agrícola, un licenciado en Ciencias Biológicas y un ingeniero industrial.
1.600 metros de largo tendrá la pista de aterrizaje y despegue. El proyecto generará entre 20 y 30 empleos directos e indirectos, pero la construcción supondrá contratar entre 90 y 120 trabajadores.
La Junta desistió en 2015 del proceso de contratación de la obra. Un año antes había pagado por adelantado 440.000 euros por los terrenos situados en las inmediaciones de Los Arenales, cerca del hotel Hospes y en la confluencia de la N-521 y la A-66.
El aeródromo se ubicará a unos tres kilómetros de la capital cacereña y «se destinará a operaciones relacionadas con la aviación deportiva y privada», tal y como recoge el estudio técnico. Se descarta la aviación comercial con pasajeros, pero ello no impide la necesidad de esta actuación ante «la carencia de este tipo de infraestructuras» en la franja central y oeste de la península. Cubriría un área de 700.000 habitantes para atraer a Cáceres a «un cliente potencial con un poder adquisitivo elevado», se incide; «promover actividades comerciales y mercantiles» y abrir «una nueva puerta de entrada a la ciudad». Según el proyecto, se quiere «favorecer la organización de eventos (…) que atraigan grandes masas de público como la celebración de competiciones aéreas». Se cita el ejemplo del Red Bull Air Race. Se contemplan alquiler de hangares, venta de combustible y la realización de eventos.
Vuelos de recreo, aeroclub, construcción amateur, emergencias sanitarias, fumigación, fotografía aérea o escuela de pilotos son algunos de los usos.
El estudio alude a la buena conexión por carretera, así como a que la cercanía con núcleos urbanos permite que el flujo de usuarios potenciales «sea elevado» aunque matiza: «Teniendo en cuenta la susceptibilidad de los mismos por la afección de ruido o molestias que pueda ocasionar la actividad». La pista de vuelos, de 1.600 metros de largo y 30 de ancho, se diseña con orientación perpendicular a Cáceres y Malpartida y «evita posibles afecciones del aterrizaje y despegue».
El estudio habla de que las operaciones «serán visuales, es decir, no contarán con ningún tipo de radioayuda ni instrumento para facilitar el despegue o el aterrizaje». Los vuelos nocturnos se restringen.
En relación a posibles impactos, se cita la presencia del hotel y de viviendas en núcleos diseminados del entorno a una distancia mínima de 70 metros. Se proponen medidas de corrección que afectan a ruidos. También a la avifauna.
Entre 2019 y 2020 se han supervisado hasta 313 contactos de tipos de aves de un total de 990 localizadas. Se admiten «abundante detecciones de buitres leonados con trayectoria de riesgo a alturas superiores a 100 metros». El «reducido número de vuelos», no obstante, compensaría esa incidencia. «Es una zona que presenta un uso intensivo del espacio aéreo por parte de la avifauna», se advierte. El «riesgo de colisiones por el uso de las cigüeñas de vuelos circulares es alto».
«Se confirma que las posibilidades de accidente por colisión son muy elevadas», concluye. El estudio considera fundamental «el cierre parcial de las masas de agua» y alude a que el aeródromo se proyecta «en uno de los parches de alimentación», en un área de pastos. Está previsto el traslado de la colonia de cigüeñas «a otra zona alejada de la pista» para evitar daños. Se estima que el aeródromo está «fuera» de los espacios de Natura 2000 y «a una distancia prudencial» con respecto a la Zepa de Los Arenales. «Son aplicables medidas minimizadoras para las posibles afecciones», resume. Si la DIA es favorable, aún quedaría presupuestar el proyecto.
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