Un agente y profesor de academia es el único investigado, por ahora, por la filtración en las oposiciones de la Policía Local de Cáceres

La Fiscalía Provincial tuvo conocimiento de los hechos después de que el sindicato CSIF pusiese a su disposición un audio anónimo en el que se aludía a cuestiones que formaban parte del temario y que podrían salir en el examen al ser preferencia del presidente del tribunal. De esta forma, las oposiciones para cubrir ocho plazas de agente de turno libre en la plantilla de la Policía Local han llegado a los tribunales.

La Fiscalía llamó a declarar a las personas que estaban implicadas, a quienes tuvieron conocimiento de la filtración y a también a miembros del tribunal, tal y como confirmó a HOY la fiscal jefe Marta Abellán el pasado marzo, cuando trascendieron por primera vez los hechos. Finalmente, la propia Fiscalía ha presentado la denuncia. Por turno de reparto el caso se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres.

La jueza ya ha abierto diligencias, con una persona investigada, el agente de la Policía Local y profesor de una academia de formación sobre el que se investigan conexiones con el tribunal y con el audio anónimo. La cifra de investigados puede ampliarse en las próximas fechas a medida que avancen las pesquisas y se tomen declaraciones, indican a este medio fuentes judiciales.

La Fiscalía Provincial presentó su denuncia el pasado mes de mayo, aunque el asunto no ha trascendido hasta ahora. HOY informó ya en marzo de que la propia fiscal había comenzado a llamar para declarar a las personas que intervinieron en las oposiciones a la Policía Local. El Código Penal establece sanciones de uno a cuatro años, según sea la gravedad del caso por el delito de revelación de secretos.

Desde la Fiscalía se alude a la «comisión de un presunto delito de revelación de secretos por la autoridad o funcionario público». Está en el artículo 417 del Código Penal. También «otro presunto delito de aprovechamiento por particular del secreto obtenido», en el artículo 418 del Código Penal.

El Ayuntamiento ha estado informado de estos hechos. El tribunal examinador también estuvo al tanto de lo ocurrido y tras valorar la decisión se optó por continuar adelante con la selección de los ocho agentes. Su presidente es Rafael Gómez, técnico de administración general. También forma parte del mismo Benedicto Cacho, como vocal. Es el jefe de la Policía Local. Además, son vocales una administrativa y otra persona designada por la Junta de Extremadura y la secretaria es una técnica de gestión. Cada uno de ellos cuenta con un suplente, como recoge la composición oficial del tribunal publicada. Ninguno aparece en las diligencias previas como investigado.

«Tuvimos conocimiento de esta situación y nos llegó por CSIF», informó también el alcalde, Luis Salaya, en marzo tras la primera información publicada. El regidor reparó en dos detalles: fue el sindicato el que acudió con el audio anónimo a la Fiscalía y correspondió al tribunal examinador la decisión de continuar adelante con las oposiciones.

Consideró el asunto «doloroso y complejo» ya que se ponía en duda la limpieza en los procesos de selección públicos. También el portavoz del PP, Rafael Mateos, exigió máxima transparencia al estar en juego la «credibilidad» del Consistorio. Este miércoles, a la hora de elaborar esta información, el Consistorio guardaba silencio, pese a la gravedad del caso. HOY pidió su opinión al equipo de Gobierno pero no hubo respuesta.

Las plazas de agente ya están adjudicadas y de hecho en agosto tomaron posesión seis agentes en un acto celebrado en el salón de plenos una vez que concluyeron el curso de formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Los otros dos agentes, del total de ocho, habían tomado posesión con anterioridad al haber hecho ya el curso. Las bases para cubrir las ocho vacantes de plantilla se publicaron en mayo de 2021. Se inscribieron unas 400 personas.