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La asociación conservacionista Adenex ha presentado los argumentos jurídicos que pretende hacer valer contra la ampliación del aparcamiento del parque del Príncipe, dentro del recurso judicial que tiene en marcha contra este proyecto, el cual ha sido admitido a trámite por el Juzgado de lo ... Contencioso-Administrativo nº2 de Cáceres. Además, Adenex ha solicitado formalmente al juez como medida cautelar la paralización del proyecto.
El objetivo de Adenex es que la obra no comience sin que haya antes un pronunciamiento del juzgado sobre su recurso, y proteger así el centenar de árboles de más de 10 especies diferentes que hay en la zona afectada por la ampliación del aparcamiento. Se trata en concreto, según detalla la organización ecologista, de 34 almendros, 18 pinos resineros, 15 encinas, 11 pinos piñoneros, 10 olmos, cinco falsas acacias, cuatro chopos, un castaño de Indias, un alcornoque y un cedro del Himalaya. «Algunos de estos árboles se plantaron en 1975, por lo que tienen casi 50 años y su destrucción produciría un daño al interés general difícilmente reparable a corto plazo», sostiene la asociación.
Entre los argumentos que Adenex ha presentado en el juzgado para sostener su demanda figura que el proyecto incumple la normativa urbanística porque el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres, en vigor desde el año 2010, clasifica los terrenos afectados como zona verde y por tanto están destinados «a garantizar la salud, el reposo y el esparcimiento de la población mediante zonas arboladas y ajardinadas tendentes a mejorar la calidad ambiental y estética de los espacios urbanos», informa la asociación de en una nota de prensa.
Recuerda en ese sentido que, en las zonas verdes de más de 5.000 metros cuadrados el PGM permite los usos deportivos y culturales sin edificación, así como pequeñas edificaciones destinadas a mantenimiento de la misma zona verde o a quioscos de suministro. No obstante, no contempla la construcción de aparcamientos dentro de esas zonas verdes.
Por otro lado, el mismo PGM incluye estos terrenos dentro del sistema general de espacios libres y zonas verdes de la ciudad y establece que las obras que se realicen en estos espacios deberán realizarse cumpliendo las previsiones, condiciones, prioridades y plazos del Plan. «Es evidente que el PGM no prevé la construcción de un aparcamiento en esta zona», señala.
Adenex considera también que existe falta de justificación e incumplimiento del «principio de no regresión». Según explica, la jurisprudencia considera que las zonas verdes cuentan más nivel de protección porque mejoran la calidad de vida de las ciudades y su reducción debe estar muy justificada, y en este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo y el Defensor del Pueblo.
En el caso del aparcamiento del Parque del Príncipe, además, no se ha realizado ningún estudio ni argumentación de la idoneidad de la zona elegida ni de la imposibilidad de ubicarlo en otro lugar, recalca el colectivo.
«Se pretende hacer la obra de forma expeditiva, sin modificar el PGM», añade. «Es decir, se pretende reducir por la vía de una obra el nivel reforzado de protección que tienen estos terrenos por ser zonas verdes». A este respecto, cita jurisprudencia en la sentencia del Tribunal Supremo contra la eliminación de los límites impuestos a las plantas solares en suelo protegido y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ordenó en 1996 el derribo de un depósito de agua que el Ayuntamiento construyó en una zona verde de Los Castellanos.
Asimismo, la organización considera que el proyecto no puede financiarse con los fondos europeos del Plan de Recuperación porque no cumple con los requisitos. Según explica, para que estos fondos financien aparcamientos deben considerarse disuasorios, debe ser una actuación integrada en un plan de movilidad sostenible, no debe tener en cuenta los aparcamientos destinados para residentes o para usuarios de centros atractores en su entorno, y debe acompañarse de un estudio que recoja aspectos como flujos de demanda y potenciales usuarios.
En los próximos días se sabrá su el juzgado acepta imponer las medidas cautelares que pide Adenex y detiene el proyecto, o la obra para la ampliación, cuyo inicio es inminente, sigue adelante.
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