La Asamblea convalida el decreto del litio con los votos a favor de PSOE y Cs

La Asamblea de Extremadura convalidó ayer con los votos a favor del PSOE y Ciudadanos el decreto-ley que regula el aprovechamiento del litio en la región. El PP se abstuvo y Unidas por Extremadura lo rechazó. Se habían presentado 12 alegaciones apoyadas por más de 36.000 firmas, que han sido desestimadas en su totalidad.

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, dijo que el decreto se sustenta en la «legalidad» y en el interés general, respeta el ordenamiento jurídico y se alinea con la recientemente aprobada hoja de ruta nacional para la gestión sostenible de las materias primas. Respecto a la urgente necesidad del decreto, García indicó que responde a la anóma la situación internacional del litio y a los proyectos existentes en la región.

Ante este contexto, Extremadura pretende intervenir en el aprovechamiento del litio impidiendo que el material extraído en la región abandone la comunidad y contribuir a que el valor añadido se quede en la comunidad, apuntó la consejera.

El decreto establece la declaración de interés general del aprovechamiento de los recursos minerales del litio existentes o potenciales en todo el territorio. Cualquier concesión de explotación de litio estará condicionada al cumplimiento de la obligación de que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico de este mineral se realicen en la región, es decir, su transformación en hidróxido de litio. Los proyectos que cumplan serán declarados de interés regional y se beneficiarán de la reducción de plazos administrativos, facilidades en las expropiaciones y ayudas públicas para el empleo.

El portavoz del PP, Bibiano Serrano, calificó el decreto como un «bodrio» y advirtió de que generará problemas jurídicos en el futuro. El portavoz de Cs, Fernando Baselga, cree en cambio que la norma supone «firmar la apertura a la mina de litio» de Cáceres, algo que alegra a su grupo por la incidencia económica «apabullante» que tendrá para Extremadura.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, cree que el decreto pretende ganar la «licencia social» sobre la mina de Cáceres, además de mandar un «mensaje claro» a las empresas de que el Ejecutivo extremeño es un «gobierno amigo». Dijo que debería tramitarse como ley para realizar aportaciones, y considera «curioso» que a la Junta le entre esta «premura» y «chovinismo» por el litio y no por el corcho o el tomate.