La Audiencia de Cáceres ha archivado definitivamente una causa abierta por un posible delito de prevaricación, donde eran acusados la alcaldesa de Abertura Olga Tello (PSOE), y el secretario del Ayuntamiento.
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La investigación se había abierto a petición de la Fiscalía, tras una denuncia que tenía como base la actuación de la alcaldesa y el secretario municipal en relación con la Comunidad de Bienes Egidos de Abertura CB, que gestiona las tierras de más de 300 comuneros.
Aseguraban que el supuesto delito se había cometido tras un pleno municipal celebrado el 10 de julio de 2020, en el que se facultaba a la alcaldesa para realizar las gestiones oportunas de defensa y apoyo de seis agricultores cultivadores de terrenos de la Comunidad de Bienes, vecinos de la localidad, a los que se les había paralizado las solicitudes de subvención de la PAC del ejercicio 2020, tras unos acuerdos que Egidos de Abertura había adoptado en una asamblea celebrada el 18 de diciembre de 2019.
La alcaldesa, según la acusación, había negado validez a los acuerdos adoptados por Egidos de Abertura. En el pleno municipal se decidió declarar el apoyo de forma incondicional a los agricultores afectados.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Logrosán investigó la denuncia, decidiendo archivarla. La Audiencia Provincial ha intervenido después al recurrir el primer archivo Egidos de Abertura C.B. y su presidenta, tesorera y secretaria.
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La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso y confirma el archivo de la causa imponiendo a la parte recurrente las costas causadas, que supondrá pagar alrededor de 2.000 euros.
La alcaldesa y el secretario han estado representados en los tribunales por el letrado Juan Manuel Rozas, que destaca que ninguno de los dos tribunales que han entendido del asunto han visto que se cometiera el delito de prevaricación.
La Audiencia Provincial destaca en el auto de archivo, que los acuerdos adoptados en el pleno, «si no eran meramente simbólicos, sí lo eran de naturaleza política y no administrativa». Dice que las decisiones de apoyo a los agricultores acordadas en el pleno, «estaban carentes de eficacia, salvo la exteriorización de la solidaridad con aquellos que podían perder sus ayudas de la PAC, solidaridad que se plasma en la encomienda de gestiones».
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Recalca el tribunal que viendo la conducta de la alcaldesa y del secretario, no puede considerarse que contradiga el ordenamiento jurídico. Asegura que su actuación fue simbólica.
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