La Audiencia de Cáceres retoma el macrojuicio por estafa y blanqueo de 250.000 euros

Todos los inculpados, sin antecedentes penales excepto uno, forman parte de una red de personas agrupadas con el objetivo de de obtener de forma ilegítima dinero a través de ataques informáticos basados en la técnica de envíos de spam, infección de equipos y captura de datos bancarios para conseguir transferencias no consentidas por sus legítimos propietarios, llevando a cabo esta acción de forma coordinada y con tareas «perfectamente diferenciadas» entre ellos

En el escalón superior de la organización y coordinado a través de un grupo de telegram se encuentran seis de los acusados en este proceso, además de personas que no han sido identificadas. Controlaban, según detalla el escrito de la Fiscalía, más de 54 cuentas y 54 tarjetas bancarias. Uno de los acusados era el responsable ya no solo del control del flujo de dinero que entraba en las cuentas aportadas por los miembros que se encuentran en el nivel más bajo de la organización sino además de extraer las cuantías defraudadas de los distintos cajeros empleando para ello las tarjetas bancarias de terceros que estos miembros les facilitaban.

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En el escalón intermedio hay cuatro de los acusados en esta trama y otras dos personas no identificadas cuyas funciones eran supervisar, operar y transformar en criptomonedas, participar de las cuentas bancarias usadas por la organización y realizar extracciones de grandes sumas de dinero provenientes de cuentas bancarias pertenecientes a otros integrantes de la organización criminal englobados en un nivel inferior, en el que tres de los acusados además de extraer dinero de las cuentas bancarias son los encargados de contratar a otras personas para que extraigan dinero de dichas cuentas. El mayor volumen de los acusados, un total de 16, se encontraban en el escalón completamente inferior, es decir, personas que facilitaron su número de cuenta bancaria para recibir las transferencias no consentidas y obtener un porcentaje de dicho dinero estando obligados a remitirlo al grupo criminal. Empresas de varias comunidades autónomas se vieron a afectados por este fraude cibernético que se ha juzgado en la Audiencia Provincial de Cáceres al ponerse una denuncia de un afectado por esta trama delictiva.