La Audiencia reabre el caso contra el presidente de la Diputación de Cáceres por la retirada de cruces de los caídos

Claudio Mateos

Cáceres

Miércoles, 11 de mayo 2022, 12:58

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La sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha estimado un recurso de la Fundación Española de Abogados Cristianos en el que se oponía al archivo de la denuncia por prevaricación contra el presidente de la Diputación, Carlos Carlos Rodríguez, por la retirada de cruces de los caídos en la provincia. En un auto con fecha de 6 de mayo la Audiencia, además de reabrir el caso, pide al juzgado de instrucción que tome declaración como testigos a cinco alcaldes de la provincia para saber si han recibido presiones, entre ellos el de Cáceres, Luis Salaya. Los otros son los de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado, poblaciones todas ellas a las que la Diputación habría pedido la retirada de cruces franquistas.

Abogados Cristianos acusa al presidente de la Diputación de un delito de prevaricación con la agravante de discriminación y otro delito de odio, por condicionar determinadas ayudas a la retirada de las cruces. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres abrió diligencias y después archivó la denuncia en febrero de este año con el argumento de que «no se aprecia de la documentación remitida por la Diputación de Cáceres la existencia de actuación alguna por parte del investigado [Carlos Carlos] tendente a vincular la conexión de subvenciones a la retirada de las cruces existentes en los respectivos municipios».

También indicaba el juez que el comité de expertos al que la Diputación encargó elaborar el catálogo de vestigios franquistas de la provincia dirigió diversos escritos a los municipios en los que «respeta la competencia que la respectiva corporación local tiene para elaborar el catálogo de vestigios franquistas y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, incidiendo en el carácter meramente consultivo que tiene el comité».

Sin embargo, la Audiencia Provincial revoca ahora esa resolución y acepta el recurso de Abogados Cristianos, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, al considerar necesario que se tome declaración a cinco alcaldes a los que consta que se han remitido escritos relativos la retirada de las cruces, entre ellos Luis Salaya.

La Audiencia indica en su auto que el comité de expertos «toma claro partido a favor de la supresión de los símbolos incluidos en dicho catálogo, elogiando al respectivo ayuntamiento cuando actúa conforme a sus indicaciones y efectuando propuestas concretas». Matiza además que no es materia penal analizar si esas recomendaciones son conforme a derecho, pero que sí podría ser constitutivo de delito el hecho de que la Diputación obligue a la eliminación de los símbolos franquistas «condicionando la economía de los ayuntamientos, vinculando al cumplimiento de las 'propuestas' de la comisión la percepción de determinadas ayudas económicas».

El auto concluye que, dado que «en buena lógica no es previsible la torpeza de dejar constancia escrita de una conducta delictiva, se debe tomar declaración como testigos a varios dirigentes políticos de la provincia »que serían supuestos destinatarios de esas presiones«. Será después cuando, según la Audiencia, se podrá decidir »si existen indicios que justifiquen la toma de declaración en calidad de investigados de las personas que se hayan revelado responsables de tales acciones«, o por el contrario archivar definitivamente las diligencias si esos indicios se descartan.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebra que «la Justicia investigue el caso». Pide que «se paralicen todos los derribos de cruces en la provincia ya que el responsable de ellos está siendo investigado por este motivo». Castellanos asegura que «lo que está haciendo la Diputación de Cáceres es un ejemplo más de cómo gobernantes de partidos laicistas utilizan cualquier excusa para acabar con símbolos cristianos».

Recuerda que «la Diputación de Cáceres ha destinado 100.000 euros para la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas contraviniendo la sentencia del TSJ de Extremadura 1133/2019, que dejó clara la incompetencia de la Diputación Provincial de Badajoz para la creación de un comité que hiciese un inventario de este tipo».