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A las diez y media de la noche del jueves, después de que el tribunal del jurado decidiera que los acusados Yolanda G.G. de 41 años, y su hijo Juan, de 22, habían sido autores de un delito de asesinato con alevosía. El ... presidente del tribunal y de la Audiencia Provincial de Cáceres, Joaquín González Casso, despidió a los miembros del jurado dándoles las gracias por su trabajo durante cuatro intensos días, y pidió la opinión de los dos acusadores y la defensa sobre la pena a imponer siguiendo las directrices del veredicto: La fiscal insistió que los dos fueran condenados, cada uno, a 22 años; el acusador particular, el abogado Emilio Cortés, aumentó la pena a 25 años; y el abogado de la defensa, Fernando Fontán, solicitó que se les impusiera una condena más leve, por homicidio.
Faltaba saber qué hacer en ese momento con los dos acusados: si dejarlos en libertad o que ingresaran en prisión. Los dos acusados estaban libres, ya habían estado en prisión: el hijo ha estado 25 meses encarcelado y la madre 14 meses, ella salió tras pagar una fianza de 6.000 euros.
El caso recordaba lo ocurrido con el crimen de Logrosán de 2011, cuando fue asesinado el empresario Alfonso T. P. de 51 años, al recibir un tiro de escopeta cuando estaba acostado en la cama. Esa vez los acusados fueron también una madre y un hijo, la esposa y el hijo del empresario. En septiembre de 2014 un tribunal de jurado también dijo que los dos eran culpables de asesinato. La presidenta de la Audiencia, María Félix Tena pidió la opinión de las partes: Los acusadores le pidieron que madre e hijo ingresaran en prisión, y la defensa solicitó que siguieran en libertad ya que la sentencia iba a ser recurrida y no iba a ser firme. A las pocas semanas se comunicó a los procesados que habían sido condenados a 17 años y medio de prisión y el hijo huyó. Estuvo fugado de la justicia varios meses, hasta que fue detenido en un control de la Guardia Civil al tener marihuana. La madre sería absuelta por el Tribunal Supremo, siendo representada por Emilio Cortés, que en el crimen de Logrosán de 2019 ejerce de acusación particular.
Lo ocurrido en el anterior juicio por jurado por un crimen de Logrosán, planeaba en la sala de vistas de la Audiencia la noche de este jueves. Curiosamente se había llamado a fuerzas de seguridad del Estado, y a los vigilantes del Palacio de Justicia se unieron dos policías nacionales y cinco policías locales (dos de ellos de paisano) que se pusieron en los laterales de la sala de vistas, de pie, esperando la decisión del tribunal. Era como estar viviendo una película.
El magistrado Joaquín González Casso preguntó a las partes qué hacer con los dos acusados: Igual que aquella vez, las acusaciones pidieron su ingreso en prisión y la defensa que siguieran la libertad. El presidente de la Audiencia ordenó entonces a los policías que llevaran a los calabozos del Palacio de Justicia a los acusados, mientras él acordaba qué decisión tomar.
Se desalojo la sala de vistas y en los oscuros pasillos del gran edificio, por un lado la familia del asesinado lloraba, la hermana y la madre abrazadas, agradeciendo a Emilio Cortés su intervención como acusador particular; mientras por otro lado dos mujeres, familiares de los acusados, lloraban junto al abogado de la defensa.
A las once de la noche se mandó desalojar el edificio, mientras llegaba un furgón policial.
No se dijo a las partes la decisión de Joaquín González Casso hasta las once de la mañana del viernes: Madre e hijo están en el Centro Penitenciario de Cáceres.
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