El Ayuntamiento de Cáceres descarta, de momento, recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que obliga a la administración local a hacerse cargo de los gastos de mantenimiento del sector 1 de la urbanización la Sierrilla de Cáceres.
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«A día de hoy el Ayuntamiento todavía no ha valorado esa posibilidad. Hemos tenido conocimiento de ese fallo judicial. Lo que están haciendo los servicios jurídicos es valorar las condiciones de la sentencia y las consecuencias para esta administración. Les adelanto que la idea del Ayuntamiento no pasa por recurrir la misma pero sí por valorar en qué condiciones recepcionamos la urbanización», ha avanzado el portavoz del gobierno municipal, Ángel Orgaz, tras la celebración de la junta de gobierno.
Tal y como ha publicado este diario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) da la razón a los propietarios del sector 1 de la Sierrilla en su litigio por el mantenimiento de la urbanización con el Ayuntamiento.
Se trata de una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital cacereña, a la cabeza de las más cotizadas de Extremadura. Está dividida en dos sectores que cuentan con órganos propios para su gestión con las denominadas juntas o entidades de conservación.
Los vecinos habían pedido su disolución, al considerar que ya habían cumplido su objetivo y el mantenimiento del barrio corresponde, como cualquier otro, a la administración. El Consistorio se opuso a la pretensión de los propietarios y el asunto desembocó en un doble proceso judicial. La sentencia del TSJEx es del pasado lunes 15 y alude solo al sector 1, pero puede tener consecuencias para los residentes en el sector 2, ya que se trata de procedimientos judiciales independientes y en ese caso se está a la espera de resolución.
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El asunto trascendió hace algo más de un año, cuando en marzo de 2023 se supo que ambos sectores habían decidido abrir la vía judicial contra el Ayuntamiento. Eran procesos distintos pero con un mismo fin: trasladar a la administración esa obligación de encargarse de los costes de conservación. «Pagamos IBI, vado, todos los impuestos. Pero, ¿qué recibimos del Ayuntamiento?», se preguntaban los vecinos. La pretensión planteada por estos era que se considerase esa disolución de la entidad urbanística de conservación, tal y como habían solicitado en diciembre de 2022.
El Consistorio dijo que no. Y sus argumentos los ha repetido en el Juzgado, al no haberse cumplido, sugiere, los fines de esa entidad a la vez que la Sierrilla, defiende, «tampoco se encuentra integrada en el casco urbano» de Cáceres, según se cita en la sentencia del TSJEx. Decía el Consistorio que la urbanización está «separada de hecho» de esa trama urbana y cuenta con edificabilidad y densidad de población distinta, y tampoco dispone de «los servicios propios del casco urbano» al no estar recepcionadas la totalidad de las obras. Ello, entiende la administración, explica que no se presten los servicios públicos básicos y haya accesos deficientes. Sin embargo, tras conocer el último fallo judicial, que se puede recurrir en última instancia ante el Tribunal Supremo, la postura del Consistorio es distinta.
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