El Ayuntamiento de Cáceres informa a favor de declarar la mina de litio de interés regional

La Junta de Extremadura aprobó en junio la calificación de la mina como Premia acordada por el Consejo de Gobierno, pero tras esa publicación tuvo conocimiento de que se había producido un defecto de forma, en concreto que no se había notificado al Ayuntamiento de Cáceres el trámite de audiencia obligatorio para que se pronunciara sobre el procedimiento que el ejecutivo autonómico estaba llevando a cabo para declarar el proyecto minero de interés regional a petición de Castilla Mining, una de las filiales con las que opera Infinity Lithium.

Según se detalla en el decreto de convalidación publicado este viernes, la Junta procedió a dar audiencia al Consistorio cacereño en el procedimiento el 11 de abril de este año, con un plazo de 10 días para que «pudiera manifestarse acerca de lo que estimara pertinente en relación al proyecto». El Ayuntamiento no respondió, y así consta en el decreto de declaración como Premia del 24 de junio. Sin embargo, tras publicarse el decreto la Junta tuvo conocimiento de que «por un error en la plataforma de comunicación» entre administraciones, el Ayuntamiento de Cáceres no había recibido esa notificación de audiencia.

Al tratarse se un trámite expresamente contemplado en el reglamento de los Premia, y para evitar que el decreto «adoleciese de vicio de anulabilidad», el pasado 23 de julio la Junta remitió de nuevo al Consistorio la documentación aportada por la empresa para que pudiera pronunciarse. La respuesta se produjo tan solo tres días después, el 26 de julio, y fue favorable a la declaración de la mina como Premia sin que el Ayuntamiento pusiera objeciones.

El gobierno municipal ha explicado a través de su gabinete de prensa que este informe favorable «se justifica una vez que el Ayuntamiento declaró en su día la no incompatibilidad [del proyecto minero] con el planeamiento urbanístico». Matiza eso, sí, que da su visto bueno «siempre con la condición de que el resto de organismos públicos implicados justifiquen que la actividad extractiva subterránea es compatible con la protección ambiental del PGM para esta zona».

La calificación de interés regional queda ahora confirmada con la publicación en el DOE de este viernes del decreto de convalidación, en el que ya se menciona el informe favorable del Consistorio. La Junta ha considerado conveniente dar este paso para dotar la declaración de fortaleza jurídica, puesto que en el decreto original de junio se decía que el Ayuntamiento cacereño no había respondido al trámite de audiencia.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible entiende, y así consta en el decreto de convalidación, que «la realización del trámite de audiencia de forma extemporánea no ha ocasionado ningún perjuicio al Ayuntamiento de Cáceres en su ejercicio del derecho al trámite», ya que se ha manifestado expresamente a favor de la declaración del proyecto minero como Premia sin presentar ninguna alegación. Recuerda en ese sentido jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se establece que para que la omisión un trámite tenga en efecto invalidante la indefensión que se produce «ha de ser real y efectiva», es decir, que «el afectado se haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y derecho pueda considerar pertinentes».

Al no ser ese el caso, la Junta entiende que no es necesario retrotraer todo el procedimiento, sino que basta con convalidar la resolución inicial mediante este nuevo decreto, en el que se indica que tiene efectos retroactivos desde la fecha en la que el Consejo de Gobierno acordó declarar el proyecto como Premia.

Este decreto de convalidación puede recurrirse en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La calificación de un proyecto como Premia corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta previa solicitud del interesado. La normativa autonómica señala que esto implica tener carácter prioritario y urgente para toda la administración autonómica, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Asimismo, conlleva su declaración de utilidad pública o interés social, así como la declaración de urgencia para la ocupación de los bienes afectados en casos de expropiación forzosa.

También permite establecer o ampliar servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transporte y distribución de energía y canalizaciones, como fibra óptica, agua, gas y vertidos. Asimismo, abre la puerta a la concesión de forma directa de subvenciones para la contratación de personal y para acciones formativas de los trabajadores vinculados al proyecto.