La sanción de 26.500 euros enfrenta en los Juzgados a Infinity y al Ayuntamiento de Cáceres

La mina de litio se judicializa paso a paso. Si el permiso de investigación ya está en los tribunales como asunto clave en el futuro del proyecto extractivo de Valdeflores, ahora también se dirime ante el juez la sanción impuesta por el Ayuntamiento a la empresa por obras ilegales en la falda de la Montaña.

Las mismas se relacionan con movimientos de tierra y alteración del paisaje en un área no urbanizable de gran valor medioambiental. De hecho, como ya informó HOY, la intervención de TEL en el paraje de las minas de Valdeflores se considera una «infracción urbanística grave» según lo previsto en el artículo 183.3.a de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura.

Los técnicos municipales dieron por «acreditado» en sus informes que con los movimientos de tierra se crearon «nuevos caminos» y se modificaron de forma sustancial los que ya había.

Se ve afectada una superficie de unas 12 hectáreas. Hay más de dos kilómetros de caminos alterados, según recoge un informe de la administración regional.

Al acudir a la vía judicial, el caso se ha abierto ahora en el Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres. Ayer se celebró la vista oral en el Palacio de Justicia con la comparecencia de las partes, la empresa y el Ayuntamiento, ambas representadas por sus respectivos abogados.

No participó en la vista oral Salvemos la Montaña. La plataforma ciudadana antimina ha venido avalando la actuación municipal al sancionar a la mercantil. El Consistorio pide ratificar la sanción de 26.500 euros porque considera probados los daños causados en Valdeflores y la alteración del paisaje que se produjo. El letrado de TEL defiende que debe anularse la multa ya que el propio procedimiento es nulo de pleno derecho y ha prescrito. Argumenta que pasaron casi tres años desde que se elabora el primer informe en 2018 hasta que se impone la multa.

También resaltó en su intervención ante el magistrado que no hay proporcionalidad entre la sanción municipal y la que ya le impuso la Dirección General de Sostenibilidad y que fueron 2.500 euros.

En el juicio solo comparecieron los letrados de las dos partes, sin la presencia de técnicos municipales, los concejales que aprobaron la sanción o directivos de Infinity Lithium.

No en vano, el propio juez tras escuchar a los abogados les planteó si tenían alguna prueba que aportar, pero no hubo documentación adicional a la ya conocida ni declaraciones o informes periciales.

Para el letrado del Ayuntamiento no hay prescripción en el caso, pues se han seguido los procedimientos establecidos según la normativa y se considera probado que hubo excesos por parte de TEL, tal y como se constata en los primeros informes de 2018 y que llevaron a la paralización de los trabajos de investigación en febrero de ese año. «No hay caducidad», incide.

Ampliar

Un bufete especializado para los casos de la mina y fotovoltaicas

La defensa del caso de la sanción a la empresa de la mina por parte del Ayuntamiento no la llevó ayer su gabinete jurídico sino que correspondió a un letrado externo. Él mismo reconoció durante la vista que había sido contratado hace unos días.

Se trata de Víctor Horcajuelo, especialista «en contratación pública» y adicionalmente «en la jurisdicción contencioso-administrativa». Así lo recoge en la web oficial del bufete Bird&Bird, al que se incorporó en 2019. El alcalde, Luis Salaya, indicó ayer que también el gabinete municipal tratará los asuntos relativos a la mina o las fotovolcaticas, aunque lo hará en estrecha colaboración con el bufete al que se recurre.

La Junta de Gobierno acordó el 8 de febrero contratar asistencia letrada para los procedimientos de la mina de litio por 14.700 euros y para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia del TSJ relativa a las fotovoltaicas tras el recurso ganado por Adenex. En ese caso, el coste se eleva a 14.800 euros. «El Ayuntamiento contrata un despacho de abogados especializado en temas medioambientales», resaltó ayer el Consistorio en una nota.

«El objetivo es defender lo que es mejor para Cáceres» con esa colaboración entre la empresa externa y sus propios abogados, según el alcalde.

El letrado contratado defendió ayer en el juicio ayer que TEL actuó sin que sus trabajos estuviesen «amparados» por ninguna licencia. La mercantil minera inició el pasado octubre la restauración en Valdeflores. Esa actuación ya se da por concluida.