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El Ayuntamiento se libra de pagar 93.176 euros a su antiguo secretario general por el el proyecto Cáceres 2016. El Juzgado de lo Contencioso- ... Administrativo número 1 ha desestimado el recurso interpuesto por Manuel Aunión contra el Consorcio y el Consistorio por las cantidades que había dejado de percibir por su trabajo entre diciembre de 2010 y 2015. El presidente del Consejo de Dirección del Consorcio Cáceres 2016 había desestimado anteriormente la reclamación presentada por el exalto funcionario. Esa reclamación viene de septiembre de 2017. La resolución judicial es del pasado día 7. Contra la misma aún cabe un primer recurso de apelación en el plazo de 15 días. La siguiente instancia sería la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ).
El fallo incide en que ante «la imposibilidad» de ser capital cultural europea, el Consorcio aprobó su disolución en 2011. A partir de ahí la única actividad «era la relativa a su liquidación», con lo cual ello no supone que el reclamante siguiera como secretario general. El acuerdo de disolución del Consorcio «supuso el cese» de Aunión como secretario de Cáceres 2016, viene a concluir. De hecho, menciona la declaración de una funcionaria sobre el traslado de documentación del Palacio de la Isla (sede del Consorcio) al Consistorio. La custodia sobre la misma la ejerció Aunión en su condición de secretario general municipal, no de Cáceres 2016. Concluye el juez que «procede desestimar el recurso y confirmar la resolución».
Manuel Aunión se jubiló en 2015 tras más de tres décadas como secretario general del Ayuntamiento. Había sido nombrado secretario del Consorcio el 31 de octuibre de 2007 por su consejo de dirección. Se fijó, según la sentencia en los fundamentos de Derecho, «un régimen de retribuciones de 1.522,40 euros mensuales». Posteriormente, en una sesión extraordinaria, la comisión ejecutiva, el 30 de enero de 2008, «aprobó una retribución del secretario del Consorcio del 22 por ciento» de los ingresos que recibía del Ayuntamiento.
La cantidad reclamada supera los 93.000 euros. Se desglosa en tres partes. 28.525,6 euros corresponden a los meses de diciembre de 2010 a junio de 2012: 1.522,4 euros mensuales menos 400 euros que se debían descontar, incide la sentencia. Otros 28.925,6 euros de julio de 2012 a diciembre de 2013. Por último, 35.725,65 euros son de enero de 2014 a diciembre de 2015.
El exsecretario alega que presentó «reiterados escritos solicitando las cantidades que se le adeudaban». No fue cesado, abunda, en ningún momento «ni cuando se acordó la disolución del Consorcio» en 2011 ni posteriormente. Así, «continuó asumiendo y realizando todas las funciones». Entre los asuntos que menciona está la remodelación de la Plaza Mayor, con una reforma de más de cuatro millones de euros.
El juez concluye que ese asunto lo llevó como secretario municipal, no de Cáceres 2016. La representación jurídica del Ayuntamiento y el Consorcio defendió que entre diciembre de 2010 y junio de 2011 fue el vicesecretario municipal quien ejerció esa a función. De junio de 2011 a diciembre de 2015 el Consorcio «está disuelto y en liquidación». Hay un cese de actividad, asegura, y no existía ninguna deuda con el exsecretario.
El juez confirma en su sentencia que no le corresponde «en ningún caso» percibir las cantidades de diciembre de 2010 a junio de 2011 al no haber ejercido. Hay que recordar que una resolución de Alcaldía de 2010 acordó su jubilación. Aunión llevó ese caso a los tribunales. Lo rememoró el día de su homenaje en la festividad de San Jorge de 2016. «Me quisieron jubilar a la fuerza a los 65 años. Yo no quería. Recurrí y gané», señaló a HOY en clara alusión a Carmen Heras, entonces alcaldesa.
Veinte años después de que, bajo el mandato del popular José María Saponi, arrancase la (fallida) carrera de Cáceres por ser Capital Europea de la Cultura en una cita que estaba prevista para 2016 aún sigue coleando aquel proyecto. Lo hace ahora en los tribunales con una nueva causa, esta vez la del exsecretario municipal.
El Consorcio es un organismo que estaba integrado por el Consistorio, la Junta de Extremadura, las diputaciones, la Universidad de Extremadura, Caja Extremadura, la Cámara de Comercio y la Fundación Academia Europea de Yuste, tal y como recuerda la sentencia.
Las deudas han sido uno de los caballos de batalla de Cáceres 2016. Tanto la constructora que hizo la reforma de la Plaza Mayor como los arquitectos debieron acudir a los tribunales para cobrar. El Supremo falló en 2016 que el Ayuntamiento y la Junta debían pagar 1,7 millones más intereses a Placonsa. Confirmaba una sentencia anterior de diciembre de 2014 del TSJ.
Otras dos facturas pendientes que llegaron hasta el TSJ fueron las de la UTE Mecsa-Thuban, una de diciembre de 2010 y otra de junio de 2011. La dirección facultativa de los arquitectos generó un impago resuelto en vía judicial de más de 70.000 euros.
Según publicó HOY en 2015, el Tribunal de Cuentas advirtió en un informe de que la Junta seguía sin liquidar el Consorcio Cáceres 2016, aún dado de alta y sin presentar sus cuentas.
En 2013 se anunció que la liquidación se haría «en breve». En 2018 la Junta destacó que todas las deudas estaban ya liquidadas y solo faltaba una resolución judicial sobre la reclamación económica del secretario para cerrar el proceso.
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