Bruselas resalta el potencial de la mina de Cáceres pese a no declararla estratégica

Infinity Lithium ya ha anunciado, a través de su filial Extremadura New Energies, que la mina de Valdeflores volverá a optar a la siguiente tanda de declaraciones estratégicas bajo la Ley de Materias Primas Críticas. De hecho, el informe, basado en el análisis del grupo de expertos que ha evaluado los proyectos, es esencialmente favorable, pero la Comisión considera que se sustenta en información que ha quedado obsoleta.

El motivo principal, según detalla el órgano de gobierno europeo, es que el pasado mes de enero Infinity Lithium comunicó a la bolsa australiana donde cotiza «cambios relevantes» en el calendario del proyecto de Valdeflores, con «desviaciones significativas» en relación al que aparecía en la solicitud de declaración como estratégico. «Estos cambios tendrán un impacto negativo en la implementación del proyecto», concluye la Comisión, y de ahí su decisión de no incluirlo en la lista inicial, en la que sí aparecen siete iniciativas en España, entre ellas las minas extremeñas de Cañaveral (litio), Aguablanca (níquel) y La Parrilla (wolframio).

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El cambio de calendario al que se refiere Bruselas es debido, como ya se informó, a que la Junta de Extremadura ha dejado en pausa la tramitación de los permisos de la mina de Cáceres hasta que la empresa entregue la nueva información que le ha requerido, incluida la obligación de repetir en laboratorios españoles certificados las pruebas metalúrgicas sobre el sistema de procesado de hidróxido de litio con el que asegura poder aprovechar el 90% del mineral extraído. Tiene seis meses de plazo para hacerlo ampliables a tres más, a contar desde enero de este año.

La decisión de la Comisión Europea deja por lo tanto sin efecto, al menos por ahora y hasta que Infinity vuelva a presentarse a una próxima convocatoria , el informe emitido sobre el proyecto de Valdeflores, que según recalca se basa en «comentarios y opiniones de expertos independientes».

El informe de evaluación es, en lineas generales, bastante favorable a la mina Cacereña. Destaca que San José-Valdeflórez (denominación oficial del proyecto) «tiene grandes posibilidades de convertirse en una fuente importante de litio para baterías en la UE para 2030», eso sí, «según el calendario presentado», que es el que la Comisión ha declarado obsoleto.

El informe resalta en ese sentido que la puesta en marcha de este proyecto permitiría a Europa incluso superar su objetivo de incrementar para 2030 en un 10% su producción de materias primas críticas, «posiblemente hasta el 40%». Señala además que «el proyecto está bastante avanzado y la viabilidad técnica está ampliamente demostrada», pese a que existen «algunas incertidumbres» respecto a las reservas subterráneas de mineral y al «precio de venta futuro alcanzable» en el mercado del litio, que está «en un mínimo histórico pero con perspectivas positivas». «El proyecto contribuirá significativamente a reforzar y garantizar el abastecimiento a la UE de la materia prima estratégica litio en grado batería», indica.

En el apartado relativo a la viabilidad técnica, el documento señala que San José-Valdeflórez se encuentra en «una fase relativamente avanzada y el acceso a la tecnología está garantizado». Dice que el método de minería subterránea elegido es «el más avanzado» y, pese a que «es necesario seguir investigando, por ejemplo, los parámetros geotécnicos de las zonas subterráneas afectadas, es probable que sea aplicable».

Recuerda el informe que la «modelización» del yacimiento fue realizada por «expertos de consultorías de renombre mundial», y arroja unos recursos estimados de entre 52 y 59 millones de toneladas de litio.

El plazo de empezar a operar en 2030 previsto por la empresa –que la Comisión ve ahora obsoleto–, era, en opinión de los expertos que analizaron el proyecto antes de la pausa decretada por la Junta, «realista, aunque ambicioso», ya que «en este momento no existe ninguna de las infraestructuras necesarias para la minería subterránea y la planta de procesamiento». Además, avisan de que quedan «algunas cuestiones pendientes», entre ellas «la autorización y gestión de los impactos en el espacio Natura 2000 adyacente y las características detalladas de los residuos y subproductos, que deben resolverse durante las actuales fases de planificación».

Sobre el impacto ambiental esperable, el informe de la Comisión Europea señala que el proyecto «cuenta con medidas adecuadas de prevención o mitigación identificadas para reducir o incluso eliminar algunos de sus efectos negativos», y además «ha estudiado exhaustivamente el riesgo de incidentes graves», si bien «cabe suponer que se solicitará una plan más detallado en algún momento de la concesión de permisos».

El informe también se ocupa de posibles «impactos socialmente adversos», y destaca que «se está trabajando para minimizar las repercusiones sociales negativas» mediante la «cooperación con organizaciones locales, como universidades, y el apoyo a la cultura local», pero sobre todo con «la elección de una técnica de minería subterránea frente a la posibilidad a cielo abierto, que si se hace correctamente apenas afecta a la superficie y al paisaje».

En cuanto al empleo, el informe hace suyos los datos aportados por la empresa de «430 personas trabajando diariamente» durante 26 años, por lo que se necesitarían 663 trabajadores en total, unos 200 de ellos en el área de minería.

También se analiza la repercusión internacional del proyecto. El informe concluye en ese sentido que, dado que «tiene el potencial de garantizar las futuras demandas de la UE de materias primas para baterías», se considera «muy probable que tenga beneficios transfronterizos más allá de España».