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Un empresario cacereño que en el año 2001 compró tres camiones dumper y una cabeza tractora de la marca Man en concesionarios de Coslada y Getafe ha conseguido recuperar casi 60.000 de los 344.716 euros que invirtió en la operación. 16 años después de la compra, el 6 de abril de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea una histórica sanción a varias mercantiles de venta de camiones por pactar los precios entre ellas. Entre esas empresas estaba Man. Esa mala práctica la realizaron desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011. La UE impuso una multa récord de 2.930 millones de euros a las marcas Man, Volvo, Renault, Daimler, Iveco y Daf.
Comenzó entonces la lucha jurídica del empresario cacereño para recuperar 59.347 euros, ya que esa era la cantidad que había pagado de más, según un perito. Reclamaba esa cantidad por daños y perjuicios por competencia desleal.
El empresario demandó a Man. El primer tribunal que entendió sobre este contencioso fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cáceres. El 6 de febrero de 2020 emitió una sentencia en la que absolvía a Man al entender que había prescrito la demanda.
La decisión judicial fue recurrida a la sección primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, que el 19 de noviembre ha revocado la sentencia anterior. Indica que la demanda no ha prescrito y que Man tiene que indemnizar al empresario, condenándole al pago de 59.347 euros. La sentencia señala que los vendedores de camiones habían formado un cártel según lo estipulado en la Ley de Defensa de la Competencia, que entiende por cártel «todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores, cuyo objetivo consiste en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado, o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales».
Man y otras mercantiles habían alcanzado acuerdos sobre la fijación de precios y aumento de precios brutos. También acordaron el calendario para la introducción de las tecnologías de emisiones exigidas en Europa.
«Ha costado bastante, porque ha sido como la lucha entre David y Goliat, pero al final la Audiencia de Cáceres nos ha dado la razón», afirma el letrado Abel Martín Domínguez, que ha representado al empresario cacereño.
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